Por: Sandra Castro Salazar - Gerenta CATIM.
Un adolescente asesinado en una balacera. Niños utilizados por organizaciones criminales. Nuevas denuncias de violencia sexual. Rebajas de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Son noticias que aparecen con una frecuencia inquietante y que, pese a su gravedad, parecen perder rápidamente espacio en la discusión pública. Nos indignamos, comentamos lo sucedido y continuamos con nuestras vidas, hasta que otro episodio vuelve a recordarnos una realidad que, por momentos, pareciera haberse convertido en parte de nuestra cotidianidad.
Lo preocupante no es solamente la reiteración de estos hechos, sino la manera en que comenzamos a convivir con ellos. La normalización de la violencia no significa necesariamente que dejemos de condenarla, sino que terminamos aceptando su presencia como algo inevitable. Y cuando eso ocurre, dejamos de cuestionar las condiciones que la hacen posible, las responsabilidades que existen detrás y las respuestas que como sociedad estamos entregando.
Las cifras permiten dimensionar esta realidad. El Diagnóstico sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026, elaborado por la Defensoría de la Niñez, reveló que entre 2019 y 2025 las víctimas conocidas de violencia sexual aumentaron un 46,4%. El mismo informe advirtió que, durante 2025, más de 41 mil niños, niñas y adolescentes se encontraban en listas de espera para acceder a programas de protección especializada. Estos antecedentes no solo hablan de vulneraciones de derechos, sino también de las dificultades que enfrentamos para responder oportunamente a ellas.
Sin embargo, estas vulneraciones no pueden comprenderse como acontecimientos aislados. La violencia que afecta a la infancia también se construye en contextos donde la desigualdad, la exclusión y la ausencia de oportunidades restringen las posibilidades de desarrollarse en entornos seguros.
Muchas veces exigimos responsabilidades a adolescentes involucrados en hechos delictivos, pero prestamos menos atención a los adultos que los utilizan y a las condiciones que facilitaron su captación. Algo similar ocurre cuando naturalizamos prácticas de maltrato bajo la justificación de la disciplina o minimizamos las consecuencias de la violencia psicológica. En ambos casos, el problema comienza cuando dejamos de reconocer determinadas situaciones como vulneraciones de derechos.
La respuesta institucional tampoco está ajena a esta discusión. La reciente controversia por 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad obliga a preguntarnos qué lugar ocupan las víctimas en estas decisiones. Sin desconocer las garantías legales ni la importancia de la reinserción social, resulta indispensable considerar los efectos que la falta de información, protección y acompañamiento puede provocar en quienes ya han experimentado violencia
En este contexto, noviembre adquiere un significado especial para nosotros. El 8 de noviembre, Corporación CATIM cumple 33 años de trayectoria, mientras que el 20 conmemoramos el Día Universal de la Infancia, recordando la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambas fechas nos convocan a reflexionar sobre la distancia que todavía existe entre el reconocimiento formal de los derechos y su ejercicio efectivo. Desde nuestra experiencia, hemos aprendido que la protección no puede limitarse a intervenir después de una vulneración, exige prevención, acompañamiento a las familias y condiciones sociales e institucionales que permitan evitar que el daño ocurra.
Después de más de tres décadas de trabajo, seguimos convencidos de que el Buen Trato debe ser mucho más que un principio declarado. Implica cuestionar aquello que hemos aprendido a tolerar y asumir que ninguna forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes puede considerarse parte inevitable de nuestra realidad. Cuando una infancia vulnerada deja de sorprendernos, debemos preguntarnos qué estamos haciendo, o dejando de hacer, para que esa violencia continúe.