Por: José Alejandro Naredo Moya***
Chile lleva más de cuatro años utilizando a las Fuerzas Armadas para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur. En la frontera norte, el despliegue militar también se ha prolongado desde 2023.
Los problemas son diferentes y los instrumentos jurídicos utilizados no son los mismos, pero ambos casos dejan una pregunta que nuestras autoridades deberían comenzar a responder: ¿qué ocurriría si mañana tuviéramos que retirar una parte importante de esos contingentes? ¿Están preparadas las instituciones responsables de la seguridad pública para asumir esas tareas sin perder los avances conseguidos?
No parece razonable que, después de tantos años, continuemos discutiendo principalmente las prórrogas, las facultades de los uniformados y las cifras de procedimientos. La seguridad de una región no puede depender indefinidamente de una medida excepcional, por necesaria que haya sido al momento de adoptarla. Menos aún cuando el Estado dispone de tiempo suficiente para estudiar las deficiencias que hicieron indispensable recurrir a ella.
En La Araucanía los resultados muestran avances importantes. Un estudio del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello registró reducciones de 42,6% en denuncias por hechos delictivos, 58,3% en homicidios, 67,1% en usurpaciones y 45,5% en incendios, comparando períodos equivalentes anteriores y posteriores al estado de excepción. Son cifras que merecen ser reconocidas, especialmente por las comunidades que han debido soportar años de ataques, amenazas e incertidumbre. Pero el mismo estudio advierte sobre la concentración territorial de la violencia y posibles desplazamientos hacia otras provincias.
Ahí está una de las principales dificultades. Disminuir los ataques no significa necesariamente haber desarticulado las organizaciones que los ejecutan. La presencia militar puede contribuir a recuperar rutas, reforzar la vigilancia y dificultar determinadas acciones violentas. Investigar a sus responsables, identificar redes de apoyo y reunir pruebas que permitan obtener condenas exige, en cambio, una labor policial y judicial sostenida. Son tareas relacionadas, pero no equivalentes.
En el norte enfrentamos otro escenario. Los pasos no habilitados, las extensiones desérticas, el contrabando y las actividades vinculadas al crimen organizado transnacional requieren vigilancia territorial, investigación y cooperación entre organismos nacionales y extranjeros. El Decreto N.º 121 de 2026 prorrogó el resguardo militar de determinadas áreas fronterizas por otros noventa días. Allí no opera el mismo estado de excepción constitucional de La Araucanía, sino la facultad presidencial prevista en el artículo 32 N.º 21 de la Constitución. Conviene aclararlo, porque la precisión jurídica también debe formar parte de cualquier debate serio sobre seguridad.
Las Fuerzas Armadas han debido responder a las tareas dispuestas por el poder político. Y hay algo que suele olvidarse cuando se observan estos despliegues desde Santiago: una operación no consiste simplemente en enviar uniformados y vehículos a determinado lugar. Hay que sostenerla. Eso significa personal, relevos, transporte, mantenimiento, comunicaciones, abastecimiento y entrenamiento. Cuando la operación se prolonga durante años, cada una de esas exigencias termina teniendo consecuencias sobre las unidades y sobre otras responsabilidades institucionales.
Tampoco podemos olvidar que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea existen principalmente para la defensa nacional.
Chile sigue necesitando capacidades de disuasión, preparación operacional y protección de su soberanía. Las amenazas exteriores no desaparecen porque tengamos problemas de seguridad interior. Por eso, antes de continuar asignando nuevas funciones a las instituciones militares, corresponde preguntarse cómo se compatibilizan esas tareas con su misión principal y qué efectos tienen sobre su preparación.
La publicación de la Ley N.º 21.849, sobre Reglas de Uso de la Fuerza, representa un cambio relevante para regular las actuaciones policiales y militares en las circunstancias previstas por la legislación. Era necesario establecer reglas claras. Sin embargo, una cosa es disponer de normas para emplear la fuerza y otra muy distinta es contar con personal formado, competencias legales definidas y una organización preparada para desarrollar funciones especializadas de manera permanente.
¿Estamos formando esas capacidades? ¿Hemos determinado qué tareas deberían continuar bajo responsabilidad de las policías y cuáles podrían requerir una preparación distinta? ¿Existe una evaluación completa del costo de mantener despliegues prolongados y de las consecuencias que tienen sobre la defensa nacional? Son preguntas que deberían acompañar cada discusión sobre seguridad interior, pero que rara vez reciben la misma atención que el anuncio de una nueva operación.
Chile no necesita improvisar otra organización ni copiar instituciones extranjeras. Sí debería estudiar las experiencias de países que han desarrollado cuerpos de naturaleza militar con funciones policiales expresamente delimitadas, como Francia, Italia y España. Sus modelos no son iguales y tampoco pueden trasladarse automáticamente a nuestra realidad. Sin embargo, permiten examinar alternativas de formación, especialización, dependencia institucional y control civil que merecen ser conocidas antes de descartar cualquier cambio.
Un estudio de esta magnitud tendría que reunir a especialistas en defensa, seguridad pública, derecho constitucional, gestión del Estado, presupuesto y formación militar y policial. No para decidir anticipadamente la creación de nuevas instituciones, sino para identificar qué capacidades faltan, qué organizaciones pueden fortalecerse y cuáles serían las consecuencias jurídicas y presupuestarias de cualquier modificación. Los derechos fundamentales, la subordinación a la autoridad civil y las responsabilidades de quienes ejercen funciones de seguridad deben ocupar un lugar central desde el comienzo.
Esta discusión no pertenece a un solo gobierno ni a una determinada posición política. Las decisiones sobre el empleo de las Fuerzas Armadas comprometen recursos, preparación militar y responsabilidades estatales que trascienden los períodos presidenciales. Tampoco se puede ignorar que los problemas de La Araucanía y de la frontera norte tienen dimensiones sociales, territoriales y económicas que la presencia militar, por sí sola, no puede resolver.
Retirar precipitadamente los contingentes mientras persistan amenazas sería una irresponsabilidad. Pero mantenerlos durante años sin desarrollar una alternativa institucional suficientemente evaluada también merece cuestionamientos. El Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades y, al mismo tiempo, preservar la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir las funciones que justifican su existencia.
Después de más de cuatro años de operaciones en el sur y sucesivas renovaciones en el norte, tenemos experiencia acumulada para iniciar una discusión que hasta ahora hemos postergado. Sabemos cuánto esfuerzo exige desplegar personal militar. Lo que todavía necesitamos conocer es qué estamos haciendo para reducir esa dependencia.
Chile no puede seguir respondiendo indefinidamente a problemas permanentes mediante soluciones extraordinarias. Si el empleo de las Fuerzas Armadas continúa siendo necesario, corresponde explicar por qué. Y si algún día esperamos prescindir de esos despliegues, debemos comenzar ahora a construir las capacidades que permitan hacerlo.
José Alejandro Naredo Moya, Suboficial Mayor del Ejército de Chile (R.), con más de 35 años de trayectoria en conducción de unidades, planificación, seguridad y dos despliegues en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Ingeniero en Administración mención Seguridad Privada; Máster en Gobierno y Gestión Pública y Máster en Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, ambos de ITAE (España). Cuenta con diplomados en Conducción Estratégica de Personas, Gestión Pública, Seguridad y Criminología, entre otros; certificaciones internacionales SRMP (Security Risk Management Professional) de INSSA, en los niveles Nacional y Regional, y formación en resiliencia y gestión de riesgos mediante UNITAR, UNDRR, OMS y DisasterReady. Su formación militar comprende el título de Técnico de Nivel Superior, Instructor de Caballería Blindada, además de cursos institucionales de Cartografía e Inteligencia de Imágenes, Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), Prevención de Riesgos en la Instrucción para el Combate, Probidad y Transparencia en la Función Militar y Operaciones de Paz, incluyendo formación impartida por el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC).
