La Comisión de Constitución del Senado concluyó la votación de todas las indicaciones presentadas al proyecto de ley que fortalece el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), acordando realizar una sesión especial destinada a revisar las disposiciones aprobadas antes de su discusión en Sala.
La iniciativa forma parte del esfuerzo por fortalecer el actual Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, incorporando herramientas que permitan una respuesta más efectiva frente a delitos de mayor gravedad y a casos de reiteración o reincidencia delictiva.
El proyecto establece reglas más estrictas para adolescentes condenados por delitos de alta connotación social, como homicidios, secuestros y robos violentos, ampliándose las posibilidades de aplicar sanciones privativas de libertad, se restringe el uso de sanciones en libertad y se elevan las exigencias para acceder a beneficios como la sustitución de condenas.
Asimismo, la propuesta busca enfrentar con mayor eficacia la reincidencia, permitiendo que los tribunales consideren trayectorias delictivas persistentes al momento de determinar las sanciones, dentro de los límites máximos establecidos para adolescentes.
El proyecto también contempla medidas para fortalecer la seguridad en la ejecución de las condenas, reforzando las facultades de Gendarmería frente a situaciones de riesgo en los centros de justicia juvenil. Junto con ello, extiende la aplicación de las normas que sancionan el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos prohibidos a estos recintos.
En materia de cumplimiento de penas, la iniciativa restringe la posibilidad de sustituir sanciones de internación en régimen cerrado, exigiendo que se haya cumplido una parte del tiempo de condena antes de optar a dicho beneficio: mientras la regla general para la sustitución es que el adolescente cumpla un tercio del tiempo de duración de la condena, para delitos graves del inciso final del art. 18 y sanciones por crimen respecto de quienes ya han sido condenados por delito sancionado con pena aflictiva, se exigirá más de la mitad del tiempo de duración de la condena.
Además, modifica las reglas para el traslado de mayores de 18 años condenados desde centros juveniles a secciones administradas por Gendarmería, estableciendo que, cuando se trate de delitos graves del artículo 18, y al joven condenado le resten más de seis meses de cumplimiento de condena, el tribunal deba ordenar el traslado cuando el informe técnico elaborado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil así lo sugiera.
Finalmente, el proyecto incorpora a los directores de centros de privación de libertad del sistema RPA entre los sujetos obligados por ley a denunciar delitos que ocurran al interior de estos establecimientos.
Tras la aprobación en la Comisión, la iniciativa continuará su tramitación en la Sala del Senado una vez concluida la revisión acordada por la instancia legislativa.