Tras el rechazo por un solo voto en la Cámara de la reforma constitucional que busca ampliar el plazo de detención para hacer efectiva una expulsión administrativa, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llamó al Gobierno a insistir con el texto en la Cámara Alta y abrir una etapa de diálogo político que permita construir un texto con respaldo transversal.
Las declaraciones las hizo en el seminario “Migración y política”, en el que participó junto a la exministra Carolina Tohá, realizado en la Universidad Diego Portales.
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto de los 89 necesarios para su aprobación.
En esa línea, Núñez dijo que “el Gobierno tiene que insistir en el Senado, pero con realismo legislativo y un texto que sea capaz de concitar un consenso. Chile no aguanta un año más esperando una norma que necesitamos para poder ejecutar las expulsiones administrativas”.
A su juicio, el resultado de la Cámara demuestra que existe espacio político para avanzar, pero que ahora corresponde revisar aquellos elementos del proyecto que dificultaron la construcción de una mayoría suficiente.
Aseguró que “si para lograr un acuerdo hay que revisar todos los aspectos centrales del proyecto, hay que estar disponibles para discutirlo, pues lo importante es que tengamos una norma que pueda aprobarse y que le entregue al Estado una herramienta efectiva para concretar las expulsiones”.
Núñez apuntó que el debate no debería quedar reducido a una discusión sobre el número de días de detención, sino concentrarse en cómo dotar al Estado de una herramienta que permita cumplir las órdenes de expulsión dentro de un marco legal y con las garantías correspondientes.
Al respecto, la jefa de los senadores dijo que “no podemos transformar los días en un punto de bloqueo. Si hay un plazo que permite construir un acuerdo y sacar adelante esta reforma, ese plazo tiene que ser parte de la conversación. Lo que no podemos hacer es quedarnos un año más sin legislar”.
Recordó que, al tratarse de una iniciativa del Ejecutivo, existe la posibilidad de que el Gobierno solicite al Senado insistir en su tramitación, para lo cual se requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara Alta.