La periodista argentina Natasha Niebieskikwiat ha sugerido que existiría una campaña antiargentina en Chile financiada desde Londres. Es una acusación grave. No porque afecte mi reputación personal, sino porque refleja una tendencia cada vez más frecuente en ciertos sectores del debate público argentino: cuando faltan argumentos, aparecen las conspiraciones.
Por eso corresponde responder con claridad.
Yo me hago cargo de cada palabra que he escrito sobre las Falklands/Malvinas, sobre la política exterior argentina y sobre la posición de Chile. No necesito financiamiento extranjero para sostener mis opiniones. Están publicadas, firmadas y disponibles para cualquiera que quiera leerlas.
Y las resumo en cuatro puntos.
Primero: la Guerra de Malvinas no fue una gesta
Éste es probablemente el punto más incómodo para algunos.
La Guerra de Malvinas de 1982 no fue una epopeya romántica ni una cruzada de liberación nacional. Fue una decisión adoptada por una dictadura militar que acababa de perder legitimidad interna y buscaba recuperarla mediante una aventura bélica.
La propia comunidad internacional lo entendió así.
La Resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió el cese inmediato de las hostilidades y la retirada de las fuerzas argentinas. La resolución fue aprobada porque la ocupación militar de las islas constituyó una violación del orden internacional vigente.
Se puede comprender el sentimiento argentino respecto de las islas. Lo que no se puede hacer es convertir una guerra ilegal en una "gesta" heroica sin distorsionar los hechos históricos.
Los soldados merecen respeto.
La decisión política que los envió a combatir, no.
Segundo: Chile no traicionó a Argentina
Para que exista traición debe existir una obligación previa de lealtad.
Chile nunca fue aliado militar de la Junta Militar argentina.
Por el contrario, en 1982 ambos países estaban enfrentados por el conflicto del Beagle. Apenas cuatro años antes Argentina había movilizado fuerzas para ejecutar la Operación Soberanía, que contemplaba una invasión al territorio chileno.
Esa es la realidad histórica.
Cuando la guerra comenzó, el gobierno chileno actuó conforme a lo que hacen todos los Estados: proteger su seguridad nacional.
Ni más ni menos.
Esperar que Chile hubiera apoyado a una dictadura que pocos años antes preparaba una operación militar contra nuestro país constituye una interpretación política respetable, pero no una exigencia jurídica ni moral.
Los Estados no tienen amigos permanentes.
Tienen intereses permanentes.
Y Chile actuó de acuerdo con los suyos.
Tercero: el reclamo argentino tiene una debilidad evidente
Si Argentina posee un caso jurídico tan sólido sobre las Falklands, surge una pregunta sencilla:
¿Por qué no lo presenta ante la Corte Internacional de Justicia?
La respuesta es conocida.
Porque existe el riesgo real de perder.
Durante décadas Buenos Aires ha preferido mantener el litigio en el terreno político y diplomático, donde puede invocar resoluciones de la Asamblea General y principios de descolonización, en lugar de someter el caso a una decisión judicial definitiva.
Eso no significa que Argentina carezca totalmente de argumentos históricos.
Significa algo más simple.
Que esos argumentos probablemente no sean lo suficientemente contundentes como para garantizar una victoria ante un tribunal internacional independiente.
Las consignas funcionan muy bien en los actos políticos.
Los jueces suelen exigir algo más.
Cuarto: Chile también tiene responsabilidades
Y aquí aparece el aspecto más incómodo para nosotros mismos.
Durante años distintos gobiernos chilenos han acompañado posiciones regionales sobre Malvinas que muchas veces han sido más ideológicas que jurídicas.
La solidaridad latinoamericana es perfectamente legítima.
Lo que no resulta saludable es respaldar sin reflexión narrativa alguna que contradiga principios esenciales del orden internacional contemporáneo.
Porque si los conflictos territoriales pueden resolverse mediante ocupaciones militares o interpretaciones históricas unilaterales, entonces ningún país pequeño está realmente seguro.
Chile, precisamente por su tamaño relativo, debería ser uno de los principales defensores del respeto al derecho internacional, de los mecanismos judiciales y de la resolución pacífica de controversias.
No por simpatía con Londres.
No por antipatía hacia Buenos Aires.
Sino por simple interés nacional.
El refugio de las conspiraciones
Cuando alguien no está de acuerdo con una opinión tiene todo el derecho a refutarla.
Lo que resulta intelectualmente más difícil es desacreditar al autor insinuando que trabaja para una potencia extranjera.
Ese recurso es viejo.
Muy viejo.
No responde los argumentos.
Simplemente intenta evitar el debate.
Quienes sostienen que existe una red financiada desde Londres para criticar determinadas posiciones argentinas deberían aportar pruebas.
Mientras esas pruebas no existan, la explicación sigue siendo mucho más sencilla.
Hay personas en Chile, en Argentina, en Europa y en muchas otras partes del mundo que observan la cuestión Falklands/Malvinas desde una perspectiva distinta.
No porque reciban dinero de nadie.
Sino porque llegaron a conclusiones diferentes.
Y en una democracia madura, las ideas se responden con ideas.
No con teorías conspirativas.
Porque al final del día, Londres no financia mis opiniones.
Las financia algo mucho más peligroso para quienes prefieren los relatos antes que los hechos:
La libertad de pensar por cuenta propia.
