Ayer ingresó al Senado la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la cual contempla modificaciones constitucionales, entre ellas un nuevo estado de excepción. Sin embargo, lo que ha molestado a parlamentarios del PS es que todas las normativas, tanto las que se han aprobado como este proyecto son restrictivas, apuntan a evitar la movilización y “un posible nuevo estallido social”.
Para el diputado Nelson Venegas, cuestionó el discurso con el que llegó el Gobierno al poder, ya que a su juicio tanto la economía como la seguridad van en retroceso y plantean soluciones autoritarias.
“Este gobierno llegó con la promesa de solucionar los problemas de la seguridad y del crecimiento económico. El día de hoy, por segundo semestre consecutivo, el PIB ha bajado”, señaló.
En esa línea, indicó que “tenemos una situación compleja en términos económicos, peor de lo que teníamos hace cinco o seis meses atrás. Y además con un aumento ostensible del desempleo, sobre todo en mujeres y jóvenes, peor de lo que ocurría hace seis meses atrás”.
Venegas agregó que “prometieron solucionar los temas económicos y van en retroceso, prometieron soluciones a la seguridad y proponen autoritarismo. Y cuando no les gusta una constitución, porque la ley que ellos están proponiendo la pueden considerar inconstitucional, en vez de cambiar la ley y ajustar a la Constitución, deciden cambiarla. Y esa es una señal clara y manifiesta de que son unos autoritarios".
A su vez, el diputado Daniel Manouchehri, apuntó a un “autoritarismo” con el proyecto enviado por el Ejecutivo sobre seguridad.
“Los autoritarismos no empiezan con tanques. Los autoritarismos empiezan cuando mediante el miedo quieren convencer a las democracias de entregarle poderes extraordinarios a solo una persona”, señaló.
Precisó que “hoy día lo que plantea el Presidente Kast es que se le entreguen facultades extraordinarias para poder durante ocho meses, sin aprobación del Congreso, restringir libertades, interceptar comunicaciones y prohibir reuniones. Habría que recordarles que el camino que hoy día está proponiendo Kast es el mismo camino que propuso Maduro para Venezuela: concentrar poderes extraordinarios en una sola persona”.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro, planteó que la propuesta de un estado de excepción de 120 días y prorrogable está “con el tejo pasado”, afirmando que no le cabe duda que tendrá que acortarse.
Castro también cuestionó que el proyecto contemple la restricción o suspensión de derechos como el de libertad personal y locomoción, el de reunión, el de asociación, incluso interceptar o registrar documentos y toda clase de comunicaciones.
“Creo que las libertades de desplazamiento y reunión, que son parte de los estados de excepción, pueden ocurrir, pero la interceptación o incautación son propias del estado de asamblea, que es el estado de guerra en Chile, me parece muy contradictorio que el Gobierno quiera sin autorización judicial interceptar comunicaciones a barrios completos (…) y por otro lado se asile en inteligencia financiera en que solo para levantar el secreto bancaria tiene que ser con orden de un juez”, mencionó.
“Para algunas cosas el juez sirve y para otras no. Para el secreto bancario solo con juez, pero para interceptar no, entonces en qué quedamos”, sostuvo.
Castro también apuntó sus críticas al proyecto “Antibarricadas 2.0” y que forma parte de la ACOT, afirmando que “la estrategia del Gobierno está situada en tratar de poner antídotos a un nuevo estallido social”.
“Si a mí me pregunta, todo lo que se va delineando, incluso la ley anti vándalos, Nain Retamal 2, busca de algún modo evitar un nuevo estallido social (…) otra cosa es que se busque tomar medidas que están en el borde de la legalidad solo con el fin de que el orden público se vea con amplios poderes a las fuerzas de orden y a las Fuerzas Armadas para disuadir manifestaciones o explosiones sociales que pueden ser brotes de violencia”, explicó.