Las bancadas de diputados de la oposición anunciaron la creación de una comisión investigadora para fiscalizar posibles conflictos de interés que podría tener el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego que se beneficiara un proyecto inmobiliario de su hermano.
La decisión se tomó luego de dos reportajes en CIPER en donde se detalla que el Gobierno habría impulsado mecanismos para la aceleración de permisos ambientales, a pesar de contar con informes negativos por parte del Sernageomin, para dos proyectos que tendrían relación con el jefe de la billetera fiscal.
Se trata del proyecto Alto Santorini en la comuna de Concón, propiedad del hermano del secretario de Estado, y de un proyecto de planta de producción de sales de potasio en el Salar de Atacama, del Grupo Errázuriz en el que el ministro participó a través de su consultora Quiroz & Asociados.
El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, explicó que “las actitudes del ministro Quiroz están generando serias dudas respecto a la transparencia y probidad de alguna de sus actuaciones que podrían indicar tráfico de influencias o incluso conflictos de interés”.
“Hemos conocido sobre la aprobación de dos proyectos sin respaldo técnico y en los que el ministro tendría conflictos de interés. (...) Además su ministerio ha generado nuevos mecanismos para acelerar la obtención de permisos, pero no existen actas ni documentos que den cuenta de los acuerdos, eventuales recomendaciones u otros antecedentes que deben ser públicos. Esto nos lleva a activar los mecanismos de fiscalización que tenemos como diputados y diputadas y a fiscalizar las acciones del ministro y la proyección que éstas tienen respecto de las actuaciones de empresas privadas que afectarán gravemente al medio ambiente”, planteó.
En el caso del proyecto Alto Santorini se cuestiona su aprobación en el marco de un sistema de un nuevo monitoreo de tramitación ambiental y un Comité de Proyectos en el SEIA, coordinado desde el Ministerio de Hacienda, integrado por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente, que no cuenta con actas ni registros públicos de sus sesiones, criterios de priorización ni acuerdos.
Mientras que en el proyecto desarrollado por el Grupo Errázuriz tampoco existen actas o registros de eventuales recomendaciones, y no hay antecedentes que den cuenta de que se haya informado un posible conflicto de interés a pesar de que el ministro coescribió en 2025 un estudio para dicho proyecto junto a quien hoy es el funcionario a cargo de monitorear los proyectos de tramitación ambiental de la cartera de Hacienda, ambos entonces parte de la consultora privada Quiroz & Asociados.
A partir de estos antecedentes, los parlamentarios opositores buscan conocer y determinar eventuales irregularidades a propósito del Comité de Proyectos del SEIA y el sistema de seguimiento creado bajo el mandato del ministro Quiroz, así como establecer los criterios de priorización de proyectos, los fundamentos ante la inexistencia de actas, informes y registros públicos de sus sesiones, y la eventual incidencia del secretario de Estado en las resoluciones de los proyectos anteriormente mencionados, y revisar el cumplimiento de las obligaciones de probidad, abstención y declaración de intereses por parte del ministro y sus asesores.