El Gobierno está empeñado en llevar a cabo las modificaciones constitucionales con su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que ayer ingresó al Senado, pero uno de los puntos que provocará un gran debate es el nuevo estado de excepción de Seguridad Pública, ya que se podrían restringir algunos derechos que contempla actualmente la Carta Magna.
Estas restricciones son la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión, el derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
A lo anterior se suma que algunos derechos podrían verse suspendidos como la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión.
Otro aspecto que contempla este nuevo estado de excepción es que para declararlo se podrá hacer ante la “amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”.
Este nuevo estado será declarado por el Presidente de la República que determinará las zonas afectadas por dichas circunstancias.
Además, dicho estado de excepción no podrá extenderse por más de 120 días, pero es el propio mandatario el que puede prorrogarlo por igual período.
Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente deberá requerir “siempre del acuerdo del Congreso Nacional”.
Es así que cuando se decrete el estado de excepción, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del “Oficial General de Carabineros que designe el Presidente de la República”.
Asimismo, el proyecto contempla una ley orgánica constitucional que determinará las atribuciones y deberes de la autoridad a cargo de las zonas afectadas, las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la colaboración que, por intermedio del Ministerio de Defensa, podrán prestar las Fuerzas Armadas durante la vigencia de este estado de excepción y los mecanismos de coordinación, control y rendición de cuentas aplicables.