El Gobierno está impulsando unas 15 iniciativas de ley, de las cuales 11 son nuevas medidas legales, siendo una de ellas la incorporación de un nuevo estado de excepción constitucional que se sumaría a los ya existentes en la Carta Magna, pero orientado específicamente al combate del crimen organizado y el terrorismo en lugares que sufran una grave alteración de la seguridad pública.
Es decir, a los cuatro estado de excepción como el de Catástrofe, Emergencia, Asamblea y de Sitio, el nuevo que se quiere incorporar busca entregar respuesta operativas y estratégicas más precisas, rápidas y estrictas frente al actuar de las bandas criminales.
En conversación con Mesa Central de Canal 13, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que se contempla esta reforma constitucional en tres ejes, pero bien acotada para “dar algunas atribuciones nuevas en términos de seguridad”.
“El tema constitucional son básicamente tres aspectos: en el artículo 1 (de la Constitución) incluir la seguridad pública, lo segundo es crear un listado de organizaciones de crimen organizado y terroristas (…) y el estado de excepción constitucional de seguridad pública”, explicó.
Restricción de derechos constitucionales
Ante la posibilidad de que se alteren algunos derechos establecidos en la Constitución, Arrau planteó que lo que se busca es dar nuevas herramientas para el combate al crimen organizado y apunta específicamente a las personas que estén incorporadas al listado de organizaciones criminales y terroristas.
En cuanto a este nuevo estado de excepción, Arrau dijo que “lo que estamos pensando acá son herramientas muy precisas y muy duras donde haya graves alteraciones a la seguridad pública. Se diferencia de los que existen en que entrega más herramientas. Primero, limitar la movilidad con toque de queda. Algunos han pensado en toque de queda diferenciado por edad para los menores, la libertad de reunión”.
Sin embargo, ahondó en que “queremos poder investigar las telecomunicaciones de manera más amplia, en un polígono, en un barrio o en una zona rural, sin orden judicial en la excepción constitucional. Y mecanismos de incautación de bienes más eficaces, para organizaciones que estén en un listado y cuyos bienes se puedan incautar de manera precautoria. Y como hay agilidad, es un permiso para actuar de manera excepcional, pero de esto hay un responsable y después se rinden cuentas. No es un chipe libre”.
Colaboración de las FFAA a las policías
En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en tema de seguridad pública, el ministro precisó que reiteró que este nuevo estado de excepción operaría bajo la lógicas de polígonos o zonas geográficas muy acotadas dentro de una comuna, dejando en claro que podría ser un barrio tomado por una banda criminal o un grupo terrorista.
Indicó que estos sectores son de díficil acceso a las policías, por lo que el objetivo es que las FFAA entreguen apoyo y capacidades especiales a Carabineros y la PDI.
En esa línea, Arrau señaló que las FFAA no cuentan con la capacitación para hacerse cargo del control de orden público de forma cotidiana, pero que su labor será el de cooperar con inteligencia militar, establecer perímetros de seguridad táctica y coolaborar en operativos especiales que sean considerados de alto riesgo.
Modificaciones a las RUF
El secretario de Estado también anunció que esta semana entrarán a discusión parlamentaria las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), adelantando que habrá algunas modificaciones reforzadas al proyecto.