El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió a los cuestionamientos que se han hecho de que militares ejerzan funciones de orden público, apuntando a que el nuevo estado de excepción es por “seguridad pública”, entregando herramientas transitorias a las FFAA para colaborar con las policías en el combate contra el crimen organizado y terrorismo.
Esta jornada, el Presidente José Antonio Kast encabezó la firma del proyecto de reforma constitucional que se enmarca en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), consagrando en la Constitución la seguridad pública como un deber del Estado.
Esto también contempla la creación de un nuevo estado de excepción constitucional para enfrentar las graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terrorista.
Esta reforma permite que el Presidente decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales, tendrá una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico.
Este estado de excepción permitirá establecer controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones entre otros aspectos.
Ante los cuestionamientos respecto a si las FFAA están capacitadas para asumir funciones del orden público, Arrau aclaró que “lo relevante en un estado de excepción constitucional es que entrega herramientas transitorias, excepcionales respecto al ordenamiento constitucional”.
Estas herramientas apuntan a restringir algunos derechos como la libertad de tránsito, pero que en este nuevo estado se agrega la interceptación de las telecomunicaciones y la incautación temprana de la propiedad de estos grupos criminales y terroristas.
“Lo otro es que se deja abierta la puerta para que puedan colaborar las FFAA en cuanto a operaciones, a copamientos, a inteligencia, a ciertas habilidades y medios muy específicos que ellos tienen. Estas son operaciones muy acotadas, no se refiere a orden público”, precisó.