Existe una verdad incómoda que nadie parece querer decir en voz alta: si Argentina está convencida de la solidez jurídica de su posición sobre las Falklands/Malvinas, y si el Reino Unido está igualmente convencido de la legitimidad de la suya, entonces ha llegado el momento de dejar los comunicados, las protestas diplomáticas y las declaraciones para consumo interno, y hacer algo bastante más revolucionario: ir juntos a la Corte Internacional de Justicia.
No sería la primera vez que dos Estados transforman una disputa centenaria en un litigio jurídico. Guatemala y Belice hicieron exactamente eso. Tras décadas de reclamaciones territoriales, ambos gobiernos suscribieron un acuerdo para someter su controversia a la Corte Internacional de Justicia y, lo más importante, asumieron públicamente el compromiso de respetar el fallo que emane de La Haya. El caso sigue su curso y ambas partes han reiterado que la decisión será definitiva y vinculante.
¿Por qué lo que fue posible entre Guatemala y Belice sería imposible entre Argentina y el Reino Unido?
La respuesta es simple: porque una cosa es afirmar que el derecho internacional nos favorece y otra muy distinta es someterse a un tribunal internacional que lo determine.
Argentina reclama desde hace décadas que Londres negocie soberanía. Londres responde que debe prevalecer la voluntad de los habitantes de las islas. Ambas posiciones son conocidas. Ambas están plenamente consolidadas. Ambas llevan medio siglo chocando entre sí sin producir avance alguno.
Mientras tanto, cada visita de un buque británico a Punta Arenas se transforma en una crisis diplomática artificial. Cada escala logística genera un intercambio de notas. Cada tránsito es presentado como una batalla geopolítica decisiva.
Es difícil imaginar una mejor definición de estancamiento.
Chile, por su parte, debería dejar de comportarse como espectador obligado de una controversia ajena. Cada vez que Buenos Aires intenta involucrar a Santiago en la disputa, se genera una paradoja diplomática: Chile es tratado simultáneamente como socio regional cuando conviene y como coadministrador involuntario del problema cuando aparece un barco británico navegando legalmente por rutas internacionales.
Quizás haya llegado el momento de que la diplomacia chilena formule una pregunta sencilla:
—Si ambos creen tener razón, ¿por qué no van a La Haya?
Y aquí aparece una segunda ironía.
Entre quienes hoy utilizan con frecuencia expresiones como "buques ingleses" para referirse a cada nave de bandera británica que aparece en el extremo austral, destaca la ex canciller Antonia Urrejola, una figura que durante años ha defendido la importancia del derecho internacional y los mecanismos jurisdiccionales para la solución pacífica de controversias. Su propia trayectoria pública ha estado vinculada al fortalecimiento de instituciones internacionales y a la defensa del cumplimiento de decisiones jurídicas internacionales.
Por eso sería interesante escuchar su opinión sobre una eventual judicialización del diferendo.
Porque el verdadero desafío jamás ha sido llegar a un tribunal.
El desafío es aceptar el resultado.
Guatemala y Belice comprendieron esa diferencia. Entendieron que someter una controversia a la Corte Internacional de Justicia implica algo más que presentar memoriales y alegatos. Implica aceptar que al final existirá una decisión que puede no coincidir plenamente con las expectativas nacionales.
Ese es el precio de la coherencia.
Si Argentina considera que el derecho internacional respalda inequívocamente su posición, debería impulsar activamente un acuerdo jurisdiccional con el Reino Unido.
Si el Reino Unido considera que la autodeterminación y la realidad contemporánea de las islas respaldan la suya, debería estar igualmente dispuesto a defenderla ante el tribunal.
Y si ninguno está dispuesto a dar ese paso, quedará la sospecha de que el conflicto sirve más como herramienta política que como causa jurídica.
Chile debería promover precisamente esa salida. No porque tenga interés en inclinar la balanza hacia uno u otro lado, sino porque una controversia congelada durante décadas genera más fricción regional que soluciones.
La diplomacia moderna no consiste en multiplicar comunicados. Consiste en encontrar mecanismos para terminar controversias.
Después de todo, el siglo XXI ya tiene suficientes conflictos abiertos como para seguir administrando los del siglo XIX.
La Haya existe precisamente para eso.
Y quizás ha llegado la hora de que alguien, desde Santiago, tenga el coraje de decirlo.