Por: Daniel Pacheco Ponce, Seremi de Gobierno de la Región del Biobío.
Más de 3 mil pacientes oncológicos de la Región del Biobío se encontraban con garantías de atención retrasadas cuando el Ministerio de Salud decretó la Alerta Oncológica en abril de este año, mandatado por el Presidente José Antonio Kast. Hoy, cerca de la mitad de esos casos ya registra una respuesta concreta y la región dispone de más de $8.500 millones adicionales para acelerar diagnósticos, consultas, cirugías y tratamientos. No es solo una inversión histórica para la salud regional; es la evidencia de que una política pública bien ejecutada puede transformarse en oportunidades de vida para miles de familias.
En materia oncológica, el tiempo no es una variable administrativa. Es un factor que puede marcar la diferencia entre un diagnóstico oportuno, un tratamiento efectivo o una enfermedad que avanza mientras el paciente espera. Por eso, reducir las listas de espera no constituye únicamente un desafío de gestión sanitaria; es una decisión profundamente humana y una de las expresiones más concretas del compromiso del Estado con la vida.
La Alerta Oncológica decretada por la ministra May Chomalí, representa precisamente esa convicción. La decisión de destinar más de $154 mil millones a nivel nacional, de los cuales $8.500 millones corresponden a la Región del Biobío, busca responder a una realidad que durante años acumuló miles de pacientes con garantías retrasadas. Lo relevante es que esta política no se quedó en el anuncio. Ya comienza a mostrar resultados concretos.
Actualmente, cerca del 50% de los casos GES identificados en la región ya ha sido resuelto, permitiendo que alrededor de 1.500 pacientes hayan iniciado o retomado sus procesos de diagnóstico, cirugía o tratamiento. Detrás de esas cifras existen historias personales, familias que recuperan la esperanza y personas que vuelven a confiar en que el sistema público puede responder cuando más se necesita.
Este avance demuestra que las políticas públicas generan confianza cuando son capaces de combinar recursos, planificación y capacidad de gestión. La coordinación entre el Ministerio de Salud, Fonasa, los Servicios de Salud y los hospitales de la red pública está permitiendo utilizar de mejor manera la infraestructura existente, ampliar la oferta asistencial y acelerar prestaciones que, en enfermedades como el cáncer, no admiten postergaciones.
En este contexto, la Provincia de Arauco ofrece un ejemplo del camino que debe seguir fortaleciendo la salud pública regional. La normalización de la Unidad de Imagenología del Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue constituye una inversión estratégica que trasciende la construcción de nueva infraestructura ($1.800 millones de pesos). La reciente ampliación y modernización de su Unidad de Imagenología permitirá reducir brechas diagnósticas, fortalecer la capacidad resolutiva del recinto y acercar tecnología de alto nivel a miles de habitantes de la provincia.
Quedan desafíos importantes. Las listas de espera siguen siendo una preocupación permanente y será necesario mantener este esfuerzo en el tiempo para consolidar el progreso alcanzado. Sin embargo, hoy existen señales concretas de que es posible avanzar cuando las prioridades se traducen en decisiones, recursos y capacidad de ejecución.
Cuando un paciente deja de esperar una consulta, cuando un examen permite detectar a tiempo una enfermedad o cuando un hospital fortalece su capacidad para atender a toda una provincia, la salud pública deja de ser una promesa y se convierte en una realidad que salva vidas.