Hay países que convierten sus derrotas en lecciones. Y hay países que convierten sus derrotas en liturgias para no tener que pensar: Argentina, con Falklands / Malvinas, ha hecho demasiadas veces lo segundo.
La causa de soberanía podía discutirse —y se discutía— en el terreno de la historia, de la descolonización y de la negociación. Pero la Junta Militar decidió arruinar ese capital en unas horas, sustituyendo una estrategia diplomática imperfecta por una aventura armada que chocaba de frente con la norma básica del sistema internacional. El artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas es inequívoco: los Estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Ese era el marco vigente en abril de 1982. Y Argentina lo quebró.
Esta es la verdad que en demasiados círculos argentinos sigue tratándose como un sacrilegio: el problema de 1982 no fue la causa Falklands Malvinas, sino la decisión de intentar imponerla por la fuerza. La Junta no fortaleció el reclamo. Lo contaminó. Porque al desembarcar en las islas, la discusión internacional dejó de centrarse en la soberanía y pasó a centrarse en la violación del orden jurídico. Y cuando un Estado se coloca en ese terreno sin cobertura de legítima defensa ni autorización del Consejo de Seguridad, no está afirmando un derecho: está debilitando su posición.
La respuesta internacional fue inmediata. La Resolución 502 del Consejo de Seguridad, adoptada el 3 de abril de 1982, determinó que existía un “quebrantamiento de la paz”, exigió el cese inmediato de hostilidades, exigió la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las islas y llamó a una solución diplomática respetando plenamente los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Es decir, la principal instancia de seguridad internacional no convalidó ninguna “recuperación”: identificó una ruptura de la paz y ordenó deshacerla.
Ahí quedó sellado el desastre estratégico. Porque la Junta no sólo violó el artículo 2(4); además le regaló al Reino Unido el terreno jurídico y político que Londres necesitaba. Desde ese momento, Gran Bretaña pudo encuadrar su respuesta en la lógica del artículo 51 de la Carta, es decir, en el derecho de legítima defensa frente a un ataque armado.
El resultado fue devastador para Argentina: una potencia que antes debía justificarse como administradora de un territorio disputado pasó a presentarse como víctima de una agresión. La Junta hizo en cuarenta y ocho horas lo que la diplomacia británica no había logrado durante años.
Pero incluso dentro de esa operación ruinosa hay una escena que resume toda la degradación moral del régimen. Esa escena tiene nombre y apellido: Alfredo Astiz en Georgias del Sur. El entonces teniente de navío quedó ligado a una rendición que el propio Informe Rattenbach consideró suficiente para pedir un sumario. Según la información publicada a partir de la versión oficial del informe, en la foja 277 se consignó que Astiz “rindió su tropa al enemigo, sin efectuar la debida resistencia”.
No hace falta embellecer el hecho. Basta con mirarlo de frente. El hombre que había integrado el aparato represivo más siniestro de la dictadura —feroz con secuestrados, madres y monjas— terminó convertido en la imagen perfecta de otra clase de cobardía: la del régimen que se ensañaba con los indefensos y se desfondaba cuando entraba en contacto con una guerra real. El Imperial War Museums conserva, de hecho, la fotografía de Astiz firmando el instrumento de rendición en nombre de todas las fuerzas argentinas en South Georgia a bordo del HMS Plymouth.
La imagen no necesita interpretación: es la firma material de una humillación histórica.
Si alguien quiere seguir hablando de épica, debería empezar por hacerse una pregunta elemental: ¿qué clase de épica violó la Carta de la ONU, recibió una resolución del Consejo de Seguridad exigiendo retirada inmediata y terminó representada en Georgias por un oficial cuya propia actuación fue cuestionada por el Informe Rattenbach? La respuesta es incómoda, pero necesaria: no fue una épica. Fue una mezcla de ilegalidad internacional, improvisación política y bancarrota moral.
Aquí conviene ser severos, porque la indulgencia con 1982 ha sido demasiado costosa. Honrar a los combatientes no obliga a encubrir a quienes los empujaron a una guerra mal concebida. Respetar el reclamo argentino no exige absolver a una Junta que lo saboteó desde el primer día. Y mucho menos obliga a callar ante figuras como Astiz, cuya presencia en el conflicto no ennobleció nada: degradó aún más una empresa ya jurídicamente insostenible. La guerra no “malvinizó” el derecho argentino. Lo dejó políticamente peor situado, y lo hizo al precio de vidas, legitimidad y tiempo histórico.
La Argentina democrática debería haber extraído hace mucho una conclusión sin sentimentalismos: Falklands / Malvinas sólo puede sostenerse con derecho, diplomacia, persistencia y seriedad estratégica. Todo lo demás —la grandilocuencia militar, la agitación patriótica sin cálculo, la exaltación de decisiones ruinosas— no acerca la causa; la aleja.
Conclusiones incómodas
La Junta violó la norma central de la ONU, el Consejo de Seguridad la desautorizó de inmediato y en Georgias un represor terminó firmando la rendición que simbolizó el derrumbe. Ésa es la secuencia real de 1982. Quien no quiera verla seguirá confundiendo causa con desastre, memoria con autoengaño y patriotismo con irresponsabilidad. Y un país que no se atreve a mirar de frente sus errores más obscenos está condenado a venerar sus ruinas como si fueran trofeos.