Luego que los Republicanos y Libertarios presentaran la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, desde el Frente Amplio ya comenzó a denostar la medida de la derecha más dura y la califican como “irresponsable”, “carece de fundamentos” y “daña la credibilidad de Chile”.
De esta forma, la bancada del FA rechazó el libelo porque apuntan a que se “ampara en el informe de política pública que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha utilizado de forma antojadiza para justificar el endeudamiento del país en el marco de la megarreforma tributaria que impulsa el Gobierno, y que ha sido ampliamente criticado por economistas y expertos de todos los sectores políticos”.
La diputada Emilia Schneider, jefa de bancada, enfatizó que la acusación “carece de todo fundamento y es una irresponsabilidad. Se basa en informes y cifras que el ministro Quiroz ha dado de forma antojadiza, de forma tramposa y que incluso han sido cuestionados por diversos economistas de distintos sectores políticos. Además, se juega con la credibilidad de Chile ante el mundo, porque tal como señaló el Gobierno a principios de este año, decían que el Estado estaba quebrado”.
Exigió que el Gobierno tome una posición pública y explícita sobre la acusación, señalando que es hora de que el Ejecutivo dé la cara y diga si apoya o no esta iniciativa, “que no hace más que tensar el diálogo y desviar la atención de los temas que hoy preocupan a los chilenos y chilenas, como el alza del costo de la vida generada por las malas decisiones del Gobierno”.
Por su parte, Gael Yeomans, acusó “una intencionalidad política, un show político del Partido Republicano para desviar la atención de lo que debería preocupar si estamos hablando de proyecciones económicas. Si realmente les importara que las cifras calzaran, se harían cargo de lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo en la tramitación de la mega reforma tributaria, que para hacer crecer el bolsillo de los más ricos no les importa generar un déficit fiscal tremendo. Eso es lo que quieren desviar”.
Las legisladores frenteamplistas indicaron que no existe error en las cifras, que las proyecciones se realizaron con la información disponible y sobre la base de supuestos económicos, y que la acusación no cumple con las causales constitucionales requeridas, reafirmando la importancia de defender y fortalecer la institucionalidad fiscal de Chile con mejores reglas y mecanismos, no con acusaciones políticas que polarizan y dificultan los acuerdos.