Esta jornada fue dada a conocer la encuesta ICSOH-UDP, la que arrojó que un 70% de los entrevistados dice que el Estado debe intervenir en la economía del país, mientras que un 80’% apunta a que se vive actualmente una “emergencia económica”.
El sondeo es un proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales, con el objeto de monitorear y analizar las percepciones y preferencias de las personas adultas en Chile sobre distintas temáticas económicas, políticas y sociales.
De esta forma, el 70% responde que el Estado debería intervenir "bastante" o "mucho" en la economía y en el bienestar de los chilenos —incluso el 60% de quienes se identifican con la derecha.
Respecto a quién debería proveer los servicios sociales esenciales: el 52% opta por el Estado como proveedor de servicios gratuitos e igualitarios en pensiones de vejez; el 50,4% en atención de salud; y el 51% en educación escolar y cuidado infantil.
Además, el 85% o más considera responsabilidad del Estado garantizar pensiones dignas, empleo, salud de calidad, educación universitaria, vivienda digna y transporte público.
El sondeo también indica que el 66% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que "el problema en Chile no es que los impuestos sean bajos, sino que el Estado gasta mal lo que recauda" —percepción presente en todos los sectores políticos.
Desigualdad y redistribución
En el caso de desigualdad y redistribución, el 70% apoya que el Estado entregue más ayuda económica a las personas con menos recursos.
El 64,3% considera justo que las personas con mayores ingresos paguen impuestos significativamente más altos que el resto.
También se indica que el 60% apoya aumentar los impuestos a los ingresos altos para financiar programas sociales; el 59,8% respalda incrementar el impuesto a la herencia de los más ricos.
El 66% considera injusto o muy injusto que la calidad de la atención de salud dependa del monto que cada persona pueda pagar; el 59% lo considera injusto o muy injusto en el caso de la educación.
Malestar económico cotidiano
El estudio de la UDP también habla del malestar económico cotidiano que afectan a las familias, apuntando que el 51% declara que su hogar está económicamente peor que hace seis meses; solo el 13% informa mejoría.
Además, el 69% ha sido bastante o muy afectado por el alza de precios.
El 14% declara que sus ingresos directamente no alcanzan; el 50% llega con dificultad, ajustando gastos.
Solo el 8% puede ahorrar, mientras que más del 60% se encuentra en situación de estrechez económica mensual.
El 35% anticipa que la situación económica de su hogar mejorará en los próximos seis meses, frente al 29% que espera que empeore.
Brechas de género
El estudio muestra que las mujeres rechazan con más fuerza los intercambios que implican sacrificar igualdad por crecimiento: el 57% se opone a priorizar el crecimiento, aunque aumente la desigualdad (vs. 47% en hombres); el 61% rechaza reducir derechos laborales para crear más empleo (vs. 49,7% en hombres).
El 40% de las mujeres está en desacuerdo con que exista un plan responsable detrás de las medidas (vs. 32% en hombres); solo el 39% de las mujeres considera que las medidas son necesarias para reactivar la economía (vs. 51% en hombres).
Asimismo, se indica que la preocupación como emoción alcanza el 34% en mujeres, frente al 25% en hombres.
La encuesta revela que en general, las mujeres valoran más el rol del Estado, son más críticas de las medidas económicas del gobierno y más pesimistas tanto en su lectura del presente como en sus expectativas de futuro.
Emergencia económica y medidas
El estudio también muestra que el 80% considera que el país está en emergencia económica; solo el 16% rechaza la premisa.
Sobre las medidas propuestas, los datos muestran lecturas contrapuestas: el 45% considera que son necesarias para reactivar la economía y el 40% cree que sentarán bases sólidas para el desarrollo.
Al mismo tiempo, el 50% cree que beneficiarán principalmente a las grandes empresas y no a la mayoría; el 54% estima que priorizan los intereses de los más ricos por encima de los trabajadores y la clase media; y el 36% desconfía de que el gobierno tenga un plan responsable detrás de ellas, aunque el 43% confía en que sí lo tiene.
Solo el 25% cree que las medidas propuestas beneficiarán a la mayoría.
Finalmente, el 65% le da máximo dos años al gobierno para cumplir sus promesas de campaña.