Las diputadas Daniela Serrano (PC), Emilia Schneider (FA) y Juan Santana (PS), integrantes de la comisión de Educación y que recurrieron al Tribunal Constitucional para la revisión del proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, celebraron el fallo que declaró inconstitucional cuatro artículos de la iniciativa que impulsó el gobierno.
El TC declaró inconstitucional la revisión de mochilas y artículos personales, vestimenta, pérdida de la gratuidad, criterios de admisión escolar y paralización de clases.
Serrano aseguró que “esto es un antecedente que le hacemos ver al gobierno, no solamente en materia de educación. Piensenlo dos veces cuando estemos discutiendo el registro nacional de vándalos, porque les van a declarar inconstitucional la pérdida de la PGU y la pérdida de la gratuidad”.
“En estos momentos hay un grave error por parte del gobierno. Están ingresando normas inconstitucionales al congreso nacional y como se han aprovechado de la mayoría relativa que tienen, lamentablemente en estos momentos desde el Tribunal les están dando un portazo”, señaló.
Santana comentó que “se les señaló que un proyecto de estas características no iba a resolver los problemas en materia de violencia, y pasaron tres meses de pérdida de tiempo en la Comisión de Educación y en el Congreso Nacional para despachar un proyecto que posteriormente el TC en 4 de sus normas declararía ilegal por parte del actual gobierno del presidente Kast”.
“Nos parece impresentable que esta agenda punitivista por parte del Ministerio de Educación, que no resuelve en lo absoluto los problemas relacionados con el aula, con los establecimientos educacionales, siga caminando durante todo este tiempo. Y hoy día, cuando se presenta una modificación al Sistema de Admisión Escolar, lo que le queremos decir al gobierno es que, por favor, detenga esta agenda, que no resuelven nada los problemas educacionales”, sostuvo.
Finalmente, Schneider expresó que “se les señaló que un proyecto de estas características no iba a resolver los problemas en materia de violencia, y pasaron tres meses, tres meses de pérdida de tiempo en la Comisión de Educación y en el Congreso Nacional para despachar un proyecto que posteriormente el Tribunal Constitucional en cuatro de sus normas declararía ilegal”.