Tras conocer diversos testimonios de personas que denuncian el retiro de la totalidad de sus fondos del banco, incluso teniendo remuneraciones menores a las anunciadas para los cobros y embargos, la bancada del Frente Amplio ofició a la Tesorería General de la República para dar cuenta de los criterios de estas acciones e indagar respecto a la existencia de mecanismos de protección de las personas endeudadas por estudiar.
Los parlamentarios presentaron esta jornada un oficio dirigido a la Tesorería (TGR) a partir de diversos testimonios de personas que deben el Crédito con Aval del Estado (CAE), quienes denuncian el vaciamiento de sus cuentas bancarias.
En el documento se solicita dar cuenta de los criterios de segmentación por tramos de ingreso utilizados para la definición de los deudores que son objeto de embargo o retención; si efectivamente se limitaron a ingresos superiores a 5 millones mensuales, como se había declarado públicamente; así como la existencia de mecanismos de protección de ingresos mínimos no afectos al embargo o retención aplicados en la ejecución, considerando la normativa legal laboral y el principio de proporcionalidad; entre otras materias relevantes para conocer la magnitud y justificación de la acción emprendida contra las personas endeudadas por estudiar en la educación superior.
La jefa de bancada, Emilia Schneider señaló que “dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días, tras el proceso de cobro iniciado por la Tesorería, producto de las decisiones del gobierno”.
“El mismo gobierno que busca darle un regalo a los superricos con su reforma tributaria, le aprieta el cinturón a quienes menos tienen y a las familias de la clase media. Como Frente Amplio vamos a tomar acciones, vamos a defender a esas familias y vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades”, dijo.
En abril pasado, las diputadas Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans presentaron un proyecto de ley que buscaba aliviar el cobro a las y los deudores del CAE, poniendo en el centro la capacidad de pago de las personas, y llamaron al Gobierno a patrocinar la iniciativa, lo que aún no ha sido atendido por el Ejecutivo.
Schneider explicó que el objetivo es “hacer más humano este proceso, para que se tomara en cuenta la realidad de las y los deudores, sus ingresos y sus gastos, junto con propuestas que el gobierno podría presentar para aliviar aún más la pesada mochila que cargan. Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Por eso vamos a insistir, y llamamos a todos los sectores que creen en la justicia social a sumarse para que este proyecto avance, para que sea ley. Las y los deudores del CAE necesitan una respuesta urgente”.