La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunió con un grupo de alcaldes para la entrega de resultados del proceso participativo para reformular y fortalecer el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal.
El objetivo es poder avanzar y poner en marcha esta normativa que busca consagrar el rol preventivo de los municipios y establecer protocolos claros de actuación y protección para los inspectores de seguridad.
Steinert estuvo junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana; el alcalde de San Ramón y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Toro; su par de la comuna de La Reina y presidente de la Asociación de Municipios de Chile, José Manuel Palacios; y el alcalde de Paine y presidente de la Asociación de Municipios Rurales, Rodrigo Contreras.
En el proceso de consulta participaron 218 gobiernos locales y se acordó avanzar en diferentes ejes para reingresar un reglamento fortalecido y legitimado, incorporando los principales ajustes en materia de formación de inspectores, capacitación, protocolos y uso de elementos defensivos, entre otras materias.
“La Ley de Seguridad Municipal fortalece el rol preventivo, regula y profesionaliza el trabajo de los inspectores, y establece formas de coordinación con Carabineros y otras instituciones del Estado”, señaló.
Steinert planteó que este trabajo va en línea con el programa del mandatario, enfocado en devolver el orden, fortalecer la presencia del Estado en las comunas, respaldar a quienes cumplen funciones de seguridad y avanzar con decisión contra la delincuencia.
La subsecretaria de Prevención del Delito señaló que “hemos recogido sus opiniones, sus necesidades, pero también sus experiencias. La idea es que todo eso quede plasmado en el nuevo reglamento y continuar el trabajo para mejorar de manera técnica esta legislación y que pueda ser correctamente aplicada”.
Acuerdos suscritos para fortalecer el reglamento
Durante el desarrollo de la mesa técnica se ajustaron mejoras concretas para contar con un reglamento más claro, aplicable y legítimo para todo el país, considerando la gradualidad y las herramientas con las que cuenta cada municipio.
En esa línea, se definió impulsar una implementación gradual de la Ley, reconociendo las brechas de financiamiento, dotación, infraestructura tecnológica y capacidades institucionales entre municipios de carácter urbano y rurales.
Asimismo, se fortalecerá el acompañamiento técnico del nivel central, con orientaciones y apoyo a los municipios durante la puesta en marcha del reglamento, además de un modelo de capacitación articulado entre las asociaciones de municipios y Carabinero, a fin de asegurar calidad, cobertura y homogeneidad formativa para los inspectores de seguridad.
“Los municipios son una pieza fundamental para que este reglamento pueda salir en óptimas condiciones y vamos a seguir con toda la voluntad trabajando para poder colaborar y tener la mejor ley y reglamento posibles y así poder garantizarles la tranquilidad a los vecinos”, enfatizó el alcalde de La Reina.
A su vez, el alcalde de Paine señaló que “vamos a seguir impulsando este trabajo a fin de que los reglamentos de la Ley de Seguridad Municipal puedan estar implementados de buena forma una vez que entre en vigencia ¿Para qué? Para que esta labor sea una labor efectiva y eficaz en la lucha contra la delincuencia”.
Por su parte, Toro agregó que “el llamado que hacemos es a trabajar en forma coordinada, que la seguridad sea prioridad en nuestro país, que trascienda a las posturas políticas, porque entendemos que, en definitiva, cuando abandonamos la seguridad como tema prioritario, abandonamos también a nuestros vecinos y vecinas. El rol preventivo es fundamental”.
La Ley de Seguridad Municipal busca otorgar certeza jurídica a los municipios respecto de la labor de los inspectores de seguridad municipal en el espacio público, mediante la creación de un marco normativo que establezca protocolos claros de actuación, mecanismos de registro y trazabilidad, acceso a información y el uso de herramientas tecnológicas y defensivas.
Asimismo, contempla medidas de protección para los funcionarios, incluyendo agravantes penales en caso de agresiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones, garantizando así mayores condiciones de seguridad, coordinación y eficacia en el cumplimiento de su labor.