El exministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), defendió la política de gestión de suelo impulsada entre 2022 y 2026, subrayando que las observaciones formuladas por la Contraloría corresponden principalmente a aspectos procedimentales y no a cuestionamientos de probidad, fraude o perjuicio fiscal.
“Interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad. La Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal. Lo que hizo fue plantear observaciones de mejora de gestión y procedimientos en una política nueva, compleja y de largo plazo”, afirmó en la Comisión de Vivienda del Senado.
El ex secretario de Estado recordó que del propio Informe N°421 de Contraloría concluye indicando medidas administrativas a tomar a futuro, sin que se remitan antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, descartando, por tanto, ilícitos o irregularidades.
“Todos los terrenos fueron adquiridos con tasaciones SERVIU vigentes y, cuando correspondía, con tasaciones adicionales. Hablar livianamente de sobreprecio desconoce cómo funciona el mercado del suelo urbano y desconoce también el objetivo de esta política: evitar seguir expulsando a las familias más vulnerables a la periferia”, agregó.
Montes explicó que una de las principales innovaciones de esta política pública fue avanzar hacia la adquisición de terrenos bien ubicados, cercanos a servicios, transporte y equipamiento urbano, superando décadas en que el Estado solo podía construir donde el suelo era más barato.
“Comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero genera una rentabilidad social muchísimo mayor y termina siendo más barato para el Estado y para las familias en el largo plazo. Cuando se construye lejos de la ciudad consolidada, el Estado después debe gastar enormes recursos en transporte, conectividad, servicios e integración urbana. Eso ya lo vimos en experiencias como Bajos de Mena”, sostuvo.
El exministro enfatizó además que la política de gestión de suelo no fue improvisada ni exclusiva de una administración determinada, sino una política de continuidad del Estado por lo que insistió que “no es verdad que el informe de la Contraloría hable de sobreprecio. Esa palabra simplemente no existe en sus 149 páginas”.
“Esta política comienza a estructurarse durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y se profundiza en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, especialmente tras la aprobación de la Ley 21.450, que entregó herramientas permanentes al Estado para gestionar suelo. Lo importante es entender que aquí hay una mirada de planificación urbana de largo plazo y no una lógica de corto plazo asociada únicamente a una meta anual de viviendas”, señaló.
En esa línea, Montes aclaró que parte importante de los terrenos adquiridos no estaban vinculados a proyectos inmediatos porque precisamente el objetivo era constituir un banco de suelo para el futuro.
“El Estado no puede seguir comprando terrenos solo cuando ya tiene el proyecto listo, porque llega tarde y termina pagando más caro o construyendo donde nadie quiere vivir. Esta política busca anticiparse, asegurar suelo estratégico y dejar capacidad instalada para futuras administraciones. No se compra solo para cumplir una meta del Plan de Emergencia Habitacional, sino para enfrentar el déficit estructural de vivienda del país durante los próximos años”, afirmó.
Finalmente, Montes destacó que el propio MINVU detectó y auditó internamente riesgos y debilidades antes de la intervención de Contraloría, implementando correcciones y mejoras durante el proceso.
“Fue una política pública innovadora, desarrollada en un contexto de alta presión habitacional y con un ministerio que estaba construyendo capacidades que no existían hace décadas. Lo relevante es que hoy el Estado queda con un banco de suelo de miles de hectáreas, herramientas institucionales nuevas y mejores estándares para continuar una política que Chile necesita”, concluyó.