El Gobierno logró un triunfo al aprobarse en la Cámara la Megarreforma, luego de una convulsionada jornada en donde el Presidente José Antonio Kast tuvo que hacer un cambio de gabinete (Mara Sedini y Trinidad Steinert), y ahora pasa al Senado.
Tras la aprobación en general del proyecto estrella del Gobierno, la sala de la Cámara comenzó la votación en particular donde se visaron los ejes principales de la propuesta.
De esta forma, los puntos importantes del proyecto como la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, la exención del impuesto territorial para adultos mayores de 65 años, la reintegración del sistema de tributación a la renta y la invariabilidad tributaria por 25 años para inversionistas locales o extranjeros.
El ahora biministro del Interior y vocería, Claudio Alvarado, valoró la aprobación, pero apuntó a que el proceso legislativo aún está en curso, por lo que el Gobierno no debe considerarlo como una victoria definitiva, debido a que ahora lo tendrá que ver el Senado.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que este es un “día histórico”, porque representa un cambio de inflexión para modificar el modelo económico que “ha sido ineficaz”.
El jefe de la billetera fiscal precisó que el objetivo de la reforma es que “nos devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones, aumentar el crecimiento y, sobre todo, aumentar el empleo y dar oportunidades de trabajo a todos los chilenos”.
Exenciones, beneficios y nuevas normas
Como punto inicial de los beneficios aprobados que contempla el proyecto, está el aumento en 400 millones de pesos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios para Valparaíso y su extensión a las regiones de Ñuble y del Biobio.
Igualmente, un crédito tributario al empleo; la exención transitoria del pago de IVA a la compra de viviendas nuevas y el fin del pago de contribuciones por la vivienda principal para las personas mayores de 65 años de edad.
Entre los puntos propuestos por las y los diputados al proyecto, solo tres alcanzaron los votos necesarios para su aprobación:
La primera enmienda modifica el Código del Trabajo para establecer un sistema de Sala Cuna Universal; la segunda ordena a las empresas concesionarias de servicios básicos a reconectar, en forma gratuita y sin condición previa de pago, a los usuarios residenciales y a las mipymes en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La tercera prohíbe el pago de intereses sobre intereses en operaciones de créditos de dinero, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación.
Además, indica que los intereses capitalizados sobre el máximo convencional serán inoponibles al deudor y no tendrán efecto alguno.
A ello se suma una norma sumada por el Ejecutivo durante la tramitación, que faculta a la Tesorería General de la República a dar facilidades de pago a los deudores del Crédito con Garantía del Estado (CAE).
Por el contrario, las y los diputados rechazaron la eliminación de la franquicia Sence de capacitación así como la modificación al Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales que proponía el proyecto del gobierno.
Igualmente, rechazaron los cambios a la Ley de protección a la propiedad intelectual, que permitía el uso, sin pago ni autorización, de creaciones de IA, y un artículo relativo a contratos administrativos de suministro y prestación de servicios del Ministerio de Obras Públicas.
Reservas de constitucionalidad
Durante el proceso de votaciones, diversos legisladores hicieron reservas de constitucionalidad sobre varias de las normas aprobadas en el proyecto. Una que concitó mayores reservas fue el estatuto de invariabilidad tributaria a las inversiones, impugnada por Marcos Barraza, Jorge Brito, Raúl Leiva, Jaime Mulet, Jaime Bassa, Matías Fernández y Héctor Ulloa.
Los diputados argumentaron que esta vulnera la Constitución, al restringir la potestad del Congreso y futuras administraciones del Estado por seis periodos. Esto sustraería del debate democrático un elemento esencial como es la fijación de tributos.
Además, comprometería la soberanía nacional y establecería un sistema tributario discriminatorio que favorece solo a un grupo específico de operadores.
En dicho sentido, se vulneraría la Constitución al no garantizar la igualdad ante la ley, así como el principio de igual reparto de cargas públicas.
Otro grupo de disposiciones impugnadas por diputados y diputadas de oposición fueron las relacionadas a materias medioambientales.
En ese marco estuvieron los diputados Bassa, Barraza y Francisco Crisóstomo y las diputadas Nathalie Castillo y Carolina Tello, argumentaron que la Carta Fundamental prohíbe en materia jurisdiccional crear comisiones especiales y dispone que los conflictos de relevancia jurídica deben ser conocidos por tribunales previamente creados al asunto en debate.
Por ello, se recalcó que el proyecto crea una comisión especial que aparentemente estaría ejerciendo funciones jurisdiccionales, lo cual altera las normas del debido proceso. Asimismo, se cuestionó que se comprometen indemnizaciones por “expectativas de aprobación” de resoluciones de calificación ambiental.
Por su parte, el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad tras la aprobación de la indicación que establece el derecho a sala cuna universal.
La diputada Constanza Hube se sumó a dicha reserva y argumentó la improcedencia también de las otras dos indicaciones aprobadas. Estimó que estas transgreden la idea matriz del proyecto de reconstrucción nacional.