Un grupo de diputados opositores, miembros de la Comisión de Educación, presentaron un requerimiento a la Contraloría acusando “filtro político” en la implementación que está haciendo el Gobierno de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a través de la Dirección de Educación Pública (DEP).
La jefa de bancada del PC, Daniela Serrano, junto Emila Schneider (FA) y Juan Santana (PS), denuncian que la DEP estaría excediendo sus facultades, deteniendo contrataciones de personal e impidiendo procesos administrativos, haciendo que la implementación de los SLEP se retrase, incluso fallando en dicha puesta en marcha.
Serrano acusó exceso de atribuciones que se estaría tomando la DEP, y “está impidiendo que los servicios locales puedan contratar o incluso les está pidiendo la justificación de la contratación y está retardando sobre todo los procesos de implementación y claramente nosotros creemos que esto no es parte de una doble interpretación”.
“Ellos están excediendo en sus facultades legales y por otra parte esto responde a un diseño que tiene el Ministerio de Educación de retrasar la implementación de los servicios locales. Esto configura claramente un filtro político, ellos están buscando que claramente se pueda retrasar, que pueda fracasar, sobre todo la implementación de nueva educación pública”, agregó.
La diputada Schneider dijo que “si el Gobierno lo que pretende es boicotear la educación pública, que fracase la educación pública, lo que le queremos decir es que le hace un tremendo daño al país y por eso como parlamentarios y parlamentarias no lo vamos a permitir”.
La legisladora apuntó a que lo anterior se suman también “las propuestas de recortes en financiamiento a la educación pública, se suma a la iniciativa de hacer una contrarreforma que han expresado diversos parlamentarios y parlamentarias de oficialismo y esto solo le hace daño al sistema de la educación pública”.
Por su parte, Santana sostuvo que "lo que estamos denunciando el día de hoy tiene que ver con una facultad que no le corresponde a la DEP, que es finalmente controlar la administración de los servicios locales que precisamente fueron creados para que existiese una administración descentralizada en materia de educación”.
Santana demandó al Gobierno que “no avance en los recortes presupuestarios que se han anunciado y que representan en el 3% de educación más de 500 mil millones de pesos, de recorte en una serie de programas que son beneficiosos para las comunidades educativas de nuestro país".