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Tras una serie de auditorías, la
Contraloría detectó
deficiencias en la gestión de la
seguridad pública en
ocho municipalidades de la
Región Metropolitana y
cuatro del Biobío.
Los hallazgos incluyen
falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad,
cámaras inoperativas e
incumplimiento de recomendaciones de Carabineros.
Además, también se detectó
contrataciones sin respaldo técnico y
multas no aplicadas, entre otras observaciones.
Al respecto, la CGR instruyó la adopción de medidas correctivas, la regularización de procedimientos e iniciar sumarios.
Cámara inoperativas y dron sin autorización en San Joaquín
El informe identificó deficiencias en la
gestión del sistema de televigilancia comunal.
El
Consejo Comunal de Seguridad Pública no realizó seguimiento al
Plan de Seguridad 2023–2027 y un
dron municipal fue operado en
31 ocasiones sin autorización de la autoridad aeronáutica.
Además,
siete cámaras permanecían inoperativas desde hace meses —algunas por más de un año— y
12 cámaras lectoras de patentes no estaban conectadas al sistema de encargo y búsqueda de vehículos. Tampoco se acreditaron mantenciones preventivas del proveedor.
San Bernardo: tablets sin uso, multas no aplicadas y falta de control
Se observó la existencia de
tablets sin uso y extraviadas, la
no aplicación de multas en una licitación,
vehículos no operativos y la
ausencia de patrullajes preventivos permanentes.
Del mismo modo, se advirtió falta de seguimiento del
Plan Comunal de Seguridad Pública e inactividad de bicicletas y un dron adquirido para labores preventivas.
Lo Prado: Sin plan de seguridad y contrataciones sin respaldo técnico
El informe reveló falta de
cumplimiento normativo del municipio.
Se verificó que no se remitió el
Plan Comunal de Seguridad a las autoridades competentes ni se designó al representante del
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ante el Consejo comunal de Seguridad Pública.
Además, se emitieron
tres certificados sin firma ni fecha, adjudicando licitaciones por
$10.321.227; y efectuó contrataciones directas por
$29.273.650, sin términos de referencia o especificaciones técnicas.
Irregularidades en adjudicación y falta de multas en Alhué
La CGR dio cuenta de
deficiencias al adjudicar la licitación para la
compra de cámaras de televigilancia financiada con recursos FNDR, al verificarse falta de respaldo en la asignación de puntajes y en el criterio de servicio postventa, lo que incidió en la contratación de la empresa adjudicataria, cuya oferta era la más costosa.
También se comprobó la falta de
acreditación de mantenciones preventivas comprometidas y la ausencia de multas por incumplimientos.
Lo Espejo: falta de control del comercio ambulante
Se constató el envío fuera de plazo del
Plan Comunal de Seguridad Pública, falta de respaldo de actividades ejecutadas y ausencia de seguimiento por parte del
Consejo Comunal de Seguridad Pública.
También advirtió que el municipio
no cuenta con ordenanzas que regulen el
comercio ambulante ni con procedimientos para recuperar espacios públicos ocupados.
La Cisterna tiene vehículos en desuso y otros sin revisión técnica al día
Evidenció que la
Dirección de Prevención del Delito, Seguridad Comunitaria e Inspección Municipal no demostró medidas de prevención realizas ni base de datos con registro e información actualizada de los delitos cometidos en la comuna.
Tampoco existe respaldo de la entrega de
53 chaquetas softshell, 171 poleras, 21 pares de botas, 48 poleras y 74 pantalones, por un total de $5.207.196.
Además, se encontraron
12 motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento.
En el caso de un
vehículo y
10 motocicletas, no tenían la revisión técnica al día. En otras 8 motocicletas, no se acreditó la revisión técnica vigente, pese a contar con permiso de circulación.
También se determinaron debilidades en las actas del
Consejo Comunal de Seguridad Pública de 2024. Por todas estas razones, el municipio
deberá instruir un sumario.
Maipú: cámaras de televigilancia sin funcionamiento por casi un año
Se constató que
29 cámaras estuvieron entre 15 días o más meses de 2024 fuera de servicio, incluso uno de los aparatos registró 302 días sin funcionar.
Este fue uno de los hallazgos del Informe Final N°171 de 2025 que también evidenció que, en la recuperación de
espacios públicos, uno de los operativos carece de la fecha de recepción de los bienes.
Respecto de personas en
situación de calle,
campamentos y
rucos, el municipio no acreditó la realización de operativos o la eventual coordinación con otras entidades para llevarlos a cabo.
También se detectó falta de control de las actas que respalden los
patrullajes realizados. Por estas y otras razones, el municipio deberá instruir un sumario.
San Miguel: entrega de permisos precarios sin requisitos
El informe advierte que el municipio otorgó
18 permisos precarios para comercio ambulante sin que cumplieran los requisitos de la
Ordenanza Municipal.
A su vez,
43 permisos precarios otorgados no tenían autorización y
11 no habían presentado la solicitud.
En cuanto a los decomisos efectuados por actividades comerciales no autorizadas y sin permiso municipal, la entidad edilicia no entregó en
22 casos las actas de decomiso y la
acreditación del destino de las especies incautadas.
También se advirtió que en 2025 no realizó
decomisos por no contar con un espacio habilitado para el resguardo de las especies.
Adicionalmente, se advirtieron inconsistencias entre los datos registrados en el sistema GPS de cuatro vehículos de la
Dirección de Seguridad Pública y las respectivas bitácoras.
Concepción: cámaras y dispositivos fuera de servicio
La
Contraloría Regional del Biobío reveló deficiencias en la operación del sistema de televigilancia comunal.
Solo el
55% de las cámaras está conectado al
CENCO de Carabineros y la
capacidad de visualización simultánea es limitada, lo que afecta la labor policial.
Asimismo, varias cámaras permanecen fuera de
servicio por periodos prolongados y dispositivos destinados a la detección de vehículos con encargo por robo no han sido utilizados desde 2024.
Asimismo,
18 cámaras destinadas a resguardar galerías comerciales del centro de Concepción, financiadas por
Prevención del Delito por $54.948.000, no se encuentran operativas por problemas de conexión con el sistema municipal.
Pese a ello, la
Subsecretaría aprobó la rendición del proyecto, contraviniendo la Política Nacional de Seguridad Pública.
Subutilización de equipos en Tomé
Los hallazgos dan cuenta que los funcionarios que monitorean las
218 cámaras de la comuna, es responsable de visualizar, en
promedio, 54,5 cámaras, cifra superior a lo recomendado Carabineros.
También reveló escasa dotación de conductores en la
Dirección de Seguridad Pública municipal.
Así, para el patrullaje se usan entre dos y tres móviles por turno de lunes a viernes, y uno o dos los fines de semana, pese a contar con siete vehículos.
Adicionalmente, la municipalidad no presenta avances ni cumplimiento del
Plan Comunal de Seguridad Pública.
Coronel: Dotación Insuficiente de Operadores CCTV
El informe N°619 constató que, de las
132 cámaras de televigilancia,
54 tienen contrato de mantenimiento vigente. Los
78 casos restantes no tienen mecanismo de soporte permanente.
Asimismo, el
Inspector Técnico de Obra de los contratos de ampliación y mejoramiento del sistema comunal de televigilancia, no exigió al proveedor el cumplimiento de las obligaciones de garantía y postventa ofertadas, lo que derivó en que
12 cámaras permanecieran fuera de servicio por más de un mes.
Por otra parte, se verificó que la
central de televigilancia cuenta con un único operador por turno, responsable del monitoreo de
132 cámaras existentes, contraviniendo las recomendaciones de Carabineros.
Talcahuano: Dispositivos fuera de servicio
El Informe Final N°35 de 2025, reveló que, de las
64 cámaras instaladas, 50 se encontraban inoperativas. De éstas,
18 han estado fuera de servicio durante más de un año.
Se identificó que, entre
agosto de 2023 y enero de 2025, la central de televigilancia recibió
106 solicitudes de revisión de cámaras por parte de Carabineros, la PDI, Juzgados de Policía Local y Seguridad Municipal.
No obstante, en
65 de estos casos no se obtuvo material útil para las investigaciones de delitos o accidentes, debido a cámaras inoperativas y fallas técnicas.
