El anuncio y concreción de la intervención del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, por parte del gobierno argentino desató el conflicto con gremios y autoridades locales, además de una ola de rumores, en lo que se especula hasta que esta medida obedecería a una decisión del presidente Javier Milei de ofrecer el recinto a Estados Unidos para uso militar y comercial.
El puerto es estratégico para la proyección argentina en la zona austral, turismo de cruceros, pesca, carga y abastecimiento antártico, requiriendo para ello medidas urgentes para recomponer infraestructura, seguridad y sostenibilidad.
hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el gobierno nacional. Se lo quita a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La medida se adoptó mediante una simple resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación que, bajo el número 4/2026, se publicó hoy en el Boletín Oficial. Milei
La intervención dura 12 meses (prorrogables) y, vencido el plazo, ANPyN evaluará levantar o mantener las sanciones tras verificar regularizaciones. La resolución, de acuerdo a Buenos Aires, busca proteger el interés público, la continuidad operativa y el cumplimiento de normas nacionales «en un enclave clave para el comercio regional y la proyección argentina en el Atlántico Sur y Antártida».
La protesta del Gobierno provincial
En tanto, el gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, por medio de un comunicado, señaló que «no hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención el puerto e, incluso, el propio acto administrativo de intervención dispuesto por la ANPyN inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación».
También alude a «narrativas preocupantes«, sosteniendo que «se desconocen las razones e intenciones del Gobierno Nacional para avanzar en esta intervención. Se están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas -no explicitadas- que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud. No hay ningún argumento en relación con la administración o la infraestructura del puerto. Los interventores no pudieron responder con ningún informe detallado el alcance de la medida«.
Razones de la intervención
Todo surgió tras la publicación por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) de una resolución que suspende por 12 meses (prorrogables) la habilitación del Puerto de Ushuaia —otorgada por Decreto N° 2404/2002— y ordena su intervención administrativa inmediata en materia de infraestructura portuaria.
Lo anterior respondiendo a denuncias recibidas en 2025 por el impacto de la Ley Provincial N° 1596 (julio 2025), que destina el superávit financiero del puerto al Fondo de Deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), contraviniendo el Convenio de Transferencia Nación-Provincia de 1992 y poniendo en riesgo la operatividad, autonomía financiera y sostenibilidad del ente portuario según se detalla en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.
La medida surge tras una inspección realizada los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025, que detectó deterioro estructural grave en el muelle comercial (Sitio 3), obsolescencia de sistemas contra incendios, deficiencias en señalización, alumbrado, drenaje, control de accesos, gestión de residuos, protocolos de seguridad operativa y ambiental, y falta de estándares mínimos en tecnología, comunicaciones y ciberseguridad.
Estos incumplimientos afectarían la seguridad de la navegación, protección ambiental y operación multipropósito del puerto (carga, pasajeros y cruceros antárticos).
La resolución destaca que la Ley Provincial N° 1596 desnaturaliza la cláusula séptima del Convenio de Transferencia de 1992, que obliga a aplicar los ingresos portuarios exclusivamente a administración, operación, capacitación e inversiones portuarias, y que la Dirección Provincial de Puertos transfirió fondos (incluyendo $4.000 millones del superávit 2024) a fines ajenos, generando desbalance entre préstamos y baja inversión en infraestructura (solo 1,3 % del gasto devengado). Los descargos provinciales no desvirtuaron las observaciones técnicas ni acreditaron regularizaciones verificables.
Aunque la suspensión de habilitación se difiere para no interrumpir la temporada de cruceros 2025-2026 ni comprometer el abastecimiento antártico y la conectividad regional, la intervención administrativa inmediata —a cargo de la Gerencia de Coordinación Técnica de ANPyN— garantiza el control directo de la gestión operativa, técnica y administrativa, con colaboración de AGP S.A.U. (en liquidación) y facultades para requerir apoyo de AFIP, Aduana y Prefectura Naval. Se designa personal con cargo de mayor jerarquía y se faculta a hacer efectiva la suspensión si la intervención no puede ejecutarse correctamente.
Rumores: ¿Traspaso a EEUU?
Las razones de fondo que habrían llevado a la media decretada por el gobierno nacional trasandino han desatado una ola de rumores y especulaciones, cada cual más excéntrica.
La más delirante (y quizás, no tanto) apunta a que el Presidente Javier Milei pretendía tener esta decisión adoptada y concretada previo a encontrarse con su par estadounidense, Donald Trump, durante la Cumbre del G20 en Davos, con la idea de ofrecer el puerto de Ushuaia al país norteamericano para uso militar y comercial.
La especulación tiene algunas bases en la zigzagueante política argentina para llevar inversiones a Tierra del Fuego y reforzar el rol de proyección hacia la zona austral y antártica.
Así, mientras se proyecta desde hace años crear una base naval de grandes dimensiones en el puerto fueguino, se conversaba con China inversiones portuarias y derechos de uso en Ushuaia y Río Grande, en un golpe geopolítico sin precedentes para la estabilidad de la zona.
Ante el peligro de introducirse la presencia de la otra gran potencia mundial en una región altamente estratégica para Estados Unidos, con la llegada de Javier Milei Washington impulsó una intensa diplomacia, con visitas de altas autoridades civiles y militares a la zona, concreción de ejercicios militares conjuntos en la zona, y ofrecimientos informales por parte del ejecutivo argentino para uso de las facilidades portuarias.
Argentina buscaría, de esta forma, reforzar la importancia estratégica de Ushuaia ante la arremetida chilena, que ha hecho crecer enormemente el posicionamiento internacional ya no solo de Punta Arenas, sino también de Puerto Williams, eclipsando al terminal trasandino.
