La Contraloría detectó debilidades en la gestión en el combate de incendios forestales de parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la región de La Araucanía entre los años 2024 y 2025

La CGR auditó la acción de la Conaf, revelando debilidades en su labor frente a los siniestros en Traiguén, en 2025, y Lonquimay, en 2024.

Incendio Traiguén

En el primer caso se reveló que el incendio “Providencia” se generó por una quema controlada autorizada por Conaf, la que no fue correctamente extinguida, afectando un área de 3.064 hectáreas.

El informe de la Contraloría Regional de La Araucanía constató que la autorización entregada por Conaf no consideró las alertas tempranas preventivas de incendios forestales emitidas por Senapred.

Tampoco tomó en consideración las condiciones climatológicas de la Dirección Meteorológica, que proyectaban temperaturas entre 22°C y 28°C, humedad igual o inferior al 30%, además de vientos de hasta 50 km/h en costa y valles.

Todas estas condiciones incrementaban el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales, lo que finalmente ocurrió.

Medidas

La Contraloría instruirá un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la quema.

Además, se envió el informe al Ministerio Público.

Conaf deberá revisar los criterios usados para autorizar quemas controladas, e incorporar en sus procedimientos la verificación de alertas de Senapred y de la DMC.

Lo anterior es para garantizar la trazabilidad, oportunidad en la entrega de antecedentes y una evaluación rigurosa del contexto en que se emiten.

Respecto de la misma emergencia, la CGR también acreditó que Conaf no dio cumplimiento a su deber legal de denunciar ante el Ministerio Público el incendio, pese a contar con antecedentes técnicos sobre su origen.

Esta omisión, además, afecta la trazabilidad, transparencia y eficacia del sistema de persecución penal en materia de incendios forestales.

Lonquimay

El siniestro producido en 2024 en Lonquimay, afectó principalmente un área de bosque nativo en la localidad de Troyo, que se extendió en una superficie de 805,85 hectáreas y se extinguió tras 129 días de combate.

El informe advirtió que, el módulo “Costeo de incendios y valorización de pérdidas” del sistema SIDCO (diseñado para calcular el costo real del combate de incendios forestales), no fue implementado plenamente, obligando elaborar valoraciones de manera manual.

Lo anterior impidió contar con información estandarizada, confiable y oportuna.

Por ello, la CGR ordenó a la entidad establecer un plan de trabajo para implementar el módulo en un plazo máximo de seis meses.

Además, se identificó la falta de registro del Comandante de Incidente en SIDCO, en 11 de las 15 fichas de incendios forestales analizadas -incluyendo un caso con información totalmente omitida y 10 con días de combate sin datos- motivo por el cual Conaf deberá tomar las acciones necesarias para materializar protocolos de interoperabilidad con organismos externos.

Finalmente, Conaf deberá arbitrar las medidas para establecer un procedimiento formal y obligatorio para la remisión directa y documentar al Ministerio Público de los informes técnicos que identifiquen causas atribuibles a conductas negligentes en incendios forestales de alta magnitud cuyo resultado deberá informar a través de un Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR, en un plazo de 60 días hábiles.