La Contraloría detectó graves irregularidades en el otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón.

Los hallazgos incluyen permisos concedidos a personas privadas de libertad, licencias entregadas a condenados por diversos delitos.

Además, se detectó trámites aprobados pese a que los solicitantes figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La Granja

En La Granja, el informe reveló que 3 personas recibieron licencia mientras cumplían penas privativas de libertad.

Además, se identificó que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron permisos de conducir en esa comuna.

Esto último fue detectado tras el cruce de información con la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación.

A ello se suma la entrega o renovación de 83 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes al momento de la revisión mantenían deudas vigentes por un total de $11.111,911 UTM.

Asimismo, el informe también expone 5 casos en que funcionarios municipales intervinieron en el proceso de otorgamiento de licencias para familiares.

Estos participaron en los exámenes prácticos, aprobando evaluaciones médicas e incluso autorizando licencias en su calidad de director de tránsito y transporte público.

La CGR requirió en 29 oportunidades antecedentes del sistema de licencias y los perfiles de usuario asociados; sin embargo, la municipalidad no entregó la información completa.

Ante este escenario, la CGR instruirá un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

Casos en San Ramón

En dicha entidad comunal, se observó el otorgamiento de licencia de conducir a una persona que también se encontraba cumpliendo una condena privativa de libertad.

A raíz de ello, se ordenó paralizar el sumario iniciado por el propio municipio y remitir el expediente a la CGR, para que sea esta entidad de control la que determine eventuales responsabilidades administrativas.

El informe consigna, además, que se entregaron 73 permisos a personas que habían sido condenadas entre 2023 y 2024, no ajustándose a lo establecido en la ley de Tránsito.

También se verificó que se entregaron licencias de conducir a 55 personas que, al momento de solicitar el documento, se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En otras observaciones, se otorgaron licencias sin cumplir con requisitos mínimos exigidos en las evaluaciones realizadas relacionadas con el test de coordinación motriz, agudeza visual, perimetría, visión de profundidad, recuperación de encandilamiento, visión de colores, audiometría; y sin la evaluación del examen psicosensométrico.

La auditoría también comprobó el deficiente manejo documental del municipio, con expedientes almacenados en contenedores tipo bodega, apilados en el suelo o en estantes improvisados, incluyendo licencias vencidas en mal estado y sin orden de archivo.

Adicionalmente, se constató que el municipio aplicó cobros superiores o inferiores a lo establecido en las ordenanzas vigentes, generando diferencias por $1.742.335, de los cuales $277.903 corresponden a ingresos por derechos municipales no regulados.

Por ambos informes la Contraloría instruirá un sumario administrativo tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las situaciones objetadas y se remitieron al Ministerio Público.