La Cámara aprobó el reajuste del sector público de 3,4%, pero rechazó una quincena de normas, en su mayoría de quórum.
El proyecto, enviado a segundo trámite, contempla una primera alza retroactiva del 2,0%, al 1 de diciembre de 2025.
Aplicará a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones o no imponibles, de las y los trabajadores del sector público.
Luego, a contar del 1 junio de 2026, se otorgará un reajuste de un 1,4%, para llegar así al 3,4% de reajuste total mencionado.
La propuesta también establece una serie de beneficios económicos para el sector activo y pasivo.
Adicionalmente, se incorporan normas que vienen a dar cumplimiento a compromisos con el Parlamento, relacionados con la Ley de Presupuesto 2026.
Asimismo, se incluyen diversas normas de gestión y administración del Estado, entre otros puntos.
Según el informe financiero, el proyecto, en su conjunto, presenta un costo fiscal de casi $1,6 billones, incluyendo el pago retroactivo de 2025.
Del monto total, poco más de $838 mil millones corresponden al reajuste propiamente tal. A esto se proyecta un gasto de 1,14 billones para el año 2027.
El reajuste impactará a más de 951 mil personas, en tanto que los bonos llegarán a poco más de un millón 190 mil personas del sector activo.
Ahora, los beneficios para el sector pasivo beneficiarán a más de 3,1 millones de personas.
Otros puntos del proyecto de reajuste
Dentro de sus normas misceláneas, la propuesta contempla variados temas que concitaron un amplio apoyo. Entre ellos están:
Postergación del reavalúo de bienes raíces.
La rebaja de contribuciones a predios usurpados.
Eximir del impuesto verde a los vehículos de la PDI.
Extensión del fondo para la reconstrucción de Valparaíso.
Incentivos al retiro en distintas instituciones.
Asignación para el personal de guardaparques.
Otra norma que se aprobó, que fue parte de las discusiones, fue la que ordena al personal de asesoría directa de la Presidencia, ministerios y de Gobierno, a renunciar a sus cargos, a más tardar, al 11 de marzo de 2026.
La medida no aplicará a los nombrados en cargos de planta o a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022.
Votaciones y resultados
El proyecto se aprobó en su idea de legislar por 94 votos a favor y 35 en contra, en lo referente a sus normas sin quórum especial.
Luego, las disposiciones con quórum se rechazaron por no alcanzar el mínimo de aprobación de 76 votos favorables como mínimo, tras registrarse 68 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones.
Seguidamente, se efectuaron más de 70 votaciones para sancionar el articulado. En su gran mayoría, dichas normas se aprobaron.
Entre la quincena de norma rechazadas estuvo el artículo que regulaba el tema de las desvinculaciones de las contratas y los procedimientos para apelar en caso que estas fueran injustificadas.
También se rechazó el punto mencionado más arriba sobre el teletrabajo y una modificación en torno a la entrada en vigencia de doce SLEP.
Además, no prosperaron la ampliación de giro que se propiciaba para Correos de Chile y Enap, ni la creación de un juzgado de policía local en Calama.
Tampoco se aprobó una autorización para los gobiernos regionales de financiar proyectos de inversión regional en empresas del Estado, ni normas puntuales relacionadas a municipalidades, empresas eléctricas, Comisión para el Mercado Financiero, entre otros temas.
