La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite con respaldo transversal, y despachó a ley, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, una de las medidas centrales de la agenda de seguridad del Gobierno.
La nueva institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita para quienes más lo necesitan.
El nuevo Servicio tendrá presencia en todo el territorio nacional, con 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia. De esta forma, el Estado garantizará una atención profesional, gratuita y especializada, acercando la justicia a las personas y consolidando un sistema más inclusivo, con altos estándares técnicos y de calidad en la prestación de servicios jurídicos y psicosociales.
Salto cualitativo en justicia
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, destacó que “estamos dando un paso muy significativo para la protección de las víctimas de los delitos en nuestro país, con la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta importante nueva institución nos va a permitir que el acceso a la justicia dé un salto cualitativo en nuestro país, que la gente confíe en que la Justicia puede resolver sus problemas, porque además va a ser acompañada por un servicio de calidad y profesional.”
“El nuevo servicio va a permitir que víctimas de los delitos se sientan acompañadas por el Estado en esos momentos que son claves, porque son momentos muy dolorosos y no queremos que ninguna madre, ningún padre vuelva a pasar los problemas y sobre todas las dificultades que tiene enfrentar en la Justicia sin el acompañamiento necesario por parte del Estado.”, acotó el secretario de Estado.
Detalles de nueva institucionalidad
De este modo, se transforman las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial en un servicio público de carácter nacional y descentralizado, que además incorporará la Defensoría de Víctimas de Delitos, unificando y estandarizando la atención a la ciudadanía en esta materia.
Esto permitirá brindar asesoría y representación jurídica, orientación legal y acompañamiento psicosocial a quienes han sido víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia, fortaleciendo el acceso a la justicia y propendiendo a la reparación de las víctimas.
Entre los mejoramientos a destacar de la nueva institucionalidad está el fortalecimiento de la asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (atención de niños, niñas y adolescentes; asesoría a adultos mayores; asesoría en materia de derechos humanos y discriminación); la solución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación; y refuerzo de la atención integral a víctimas de delitos, en particular ilícitos violentos, lo que constituirá un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
