El Gobierno de Javier Milei solicitó este lunes a la Justicia que ordene el allanamiento del medio digital Carnaval y el domicilio de dos reconocidos periodistas.
Lo anterior por la filtración de grabaciones de Karina Milei, que, según el Ejecutivo, se grabaron de manera ilegal en la Casa de Gobierno.
El pedido se incluyó en una denuncia presentada este lunes por el Ministerio de Seguridad Nacional con el objetivo de detener la difusión de audios presuntamente grabados en la sede del Ejecutivo.
En estos se escucha a Karina Milei hablar de peleas al interior del partido oficialista, La Libertad Avanza (LLA).
En el escrito, al que tuvo acceso EFE, el Gobierno denunció un “ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional”.
Solicitó a la Justicia ordenar el allanamiento del medio digital Carnaval, que difundió los audios, y del domicilio privado de dos periodistas del medio, Jorge Rial y Mauro Federico.
El Ejecutivo también pidió la intervención de la Justicia para frenar la difusión de más grabaciones de Karina Milei.
La solicitud fue aceptó y motivó una medida cautelar en la que se ordenó “el cese de la difusión únicamente de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”.
El caso de Karina Milei en Argentina
La filtración de audios de Karina Milei se produce en medio de un escándalo de corrupción.
Las grabaciones de un funcionario describía un sistema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En esas grabaciones, a la hermana del presidente se le señala como una de las beneficiarias del presunto esquema de sobornos.
Esto involucra a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habría producido con conocimiento del mandatario.
El periodista Mauro Federico aseguró contar con 50 minutos de audios de Karina, según indicó la denuncia presentada hoy por el Gobierno argentino.
La prensa rechaza los allanamientos
Tras la denuncia y la solicitud de allanamientos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), calificó como un acto de criminalización a la prensa.
“Los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística”, expresó SiPreBa en la red social X.
“La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas”, agregó.
Carnaval, por su parte, denunció “censura” y, a través de su perfil oficial de X, anticipó: “No nos van a callar”.
Jorge Rial, el otro periodista contra el que se solicitaron medidas, expresó: “En un acto de locura extrema y en su peor momento”.
“El régimen de Javier Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión”.
