La Cancillería argentina emitió un comunicado condenando las actividades de la empresa Navitas Petroleum LP en torno a la explotación hidrocarburífera en las Islas Falkland, calificadas como ilegales por el gobierno trasandino al no contar con su autorización y violan, en su apreciación, las normativas vigentes sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

Navitas Petroleum es una compañía de capitales israelíes asociada a la británica Rockhopper Exploration, y el Gobierno argentino ya había emitido una sanción contra ella abril de 2022, justamente por su decisión de afrontar este proyecto de explotación.

En ese contexto, la declaración hizo hincapié en que estas acciones, que incluyen evaluaciones de impacto ambiental y socioeconómico del proyecto «Sea Lion», buscan avanzar en la explotación de la Cuenca Falkland Norte sin reconocimiento de la autoridad argentina. Para Buenos Aires, cualquier intento de explotar recursos en territorios en disputa constituye una provocación directa a su soberanía.

«Estas medidas constituyen, además, acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas», señala el documento.

Añade a continuación que «se recuerda que, mediante la Resolución de la Secretaría de Energía N° 240/2022 del 18 de abril de 2022, la empresa NAVITAS PETROLEUM LP fue declarada clandestina y sus actividades calificadas de ilegales por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin autorización de las autoridades competentes».

Seguidamente, señala que «el Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción de ninguna otra autoridad distinta a la propia para establecer condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas».

Por ello, reitera que «la Argentina insta a la empresa referida y a otras entidades a abstenerse de financiar o participar en dichas actividades ilegales, las cuales se encuentran sujetas a acciones legales, administrativas y judiciales conforme a la normativa argentina».