Los dueños de los terrenos donde se ubica la megatoma de San Antonio activaron finalmente la solicitud de desalojo, asegurando que en el Gobierno «no pueden pretender que sea una empresa privada la que financie, a costa de su patrimonio, una política habitacional».

A través de un comunicado, la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. aumentó sus críticas previas contra las autoridades, señalando que «lamentamos la actitud del ministerio de la Vivienda, que ha dilatado durante más de seis meses las conversaciones técnicas sin proponer ninguna alternativa viable de solución para la empresa y para las personas que mantienen una ocupación ilegal de nuestro terreno a lo largo de seis años, desde octubre de 2019″.

«Nos condolemos de las familias que esperaron una solución a su problema habitacional», afirmaron, sosteniendo seguidamente que «Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. es víctima del delito de usurpación, lleva seis años tratando por todas las vías de recuperar su terreno y no está dispuesta a financiar el costo de implementar una mala política pública».

Acotaron finalmente que «esperamos que impere el Estado de derecho y se restablezca nuestro derecho a la propiedad».

Cabe recordar que, en total, son alrededor de 4 mil familias (unas diez mil personas) quienes habitan en el lugar.