Diputados y concejales oficialistas llevaron a la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, a la Contraloría por lo que consideran “encuesta engañosa” para cambiar el nombre a la Avenida Salvador Allende.
Piden investigar uso de recursos públicos y “graves vicios metodológicos” en la consulta ciudadana impulsada por la alcaldesa UDI.
Bown explicó que en la consulta un 82% de los vecinos dijo estar de acuerdo en volver al antiguo nombre Salesianos.
El cambio de nombre ocurrió en 2023 bajo la administración de Erika Martínez y en el marco de los 50 años del Golpe de Estado.
Diputados Gael Yeomans (FA), Daniel Melo (PS) y Lorena Pizarro (PC): las concejalas de San Miguel, Viviana Llambías (FA) y Carla Santana (PC).
Denuncias
En cuanto a las denuncias, se indica que la encuesta presenta series irregularidades como las siguientes:
Instrumento tendencioso:
El título y las preguntas de la encuesta están redactados para inducir una respuesta favorable al cambio de nombre, en lugar de consultar de manera neutral.
Universo no definido y falta de representatividad:
No se especifica a quiénes se encuestó (residentes de la calle, de la unidad vecinal o de la comuna).
Y existen múltiples testimonios de vecinos que no fueron consultados, poniendo en duda la validez del supuesto 82% de aprobación.
Solicitud de datos personales:
Se pidieron datos como RUT, dirección y teléfono, lo que pudo coaccionar la respuesta de los vecinos por temor a represalias de la administración.
