La polémica desatada por la investigación de la Contraloría General de la República por el uso de licencias médicas para salir del país por parte de funcionarios públicos también ha desatado tensión al interior del Congreso.

Así es como el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), se refirió a la investigación del tema al interior de la Corporación, anunciando este martes que, «respecto a los funcionarios, por lo menos en la Cámara, que me corresponde a mí presidir, será tomada con la máxima seriedad. En ese sentido, aplicaremos las máximas acciones a aquellas personas que se han desviado de lo lógico de un funcionario público, que es cumplir su labor sin salirse de la ley y, por supuesto, manteniendo un régimen de probidad. Nosotros hemos dado un máximo de plazo para hacer todas estas investigaciones de aproximadamente tres meses, con todos los sumarios.

«Y si hay temas que tengamos que enviar a la Fiscalía, así lo vamos a hacer, pero para nosotros la transparencia es lo primero», concluyó.

Temores de los funcionarios

En este escenario, y considerando también las investigaciones que se anuncian al interior del Senado, la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile expresó su profunda preocupación ante la fiscalización anunciada respecto al uso de licencias médicas en la Cámara.

Desde la organización cuestionaron duramente la forma en que esta medida fue comunicada públicamente, sin diálogo previo con los sindicatos, y advirtieron que podría vulnerar derechos fundamentales. Uno de los puntos que más alarma genera es la posible colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) con la entrega de datos personales sensibles, como desplazamientos físicos de trabajadores, sin orden judicial ni amparo legal.

“La PDI no es un órgano subordinado a esta Corporación, ni se encuentra obligada a entregar información sensible a un poder del Estado que no forma parte del Ejecutivo. No existe habilitación normativa para requerir tales antecedentes a un órgano policial”, señalaron en un comunicado, el cual fue presentado ante el presidente de la Cámara, José Miguel Castro.

Investigación a otros trabajadores

Asimismo, manifestaron inquietud por la eventual extensión de esta investigación a trabajadores parlamentarios que no pertenecen a la planta institucional, como asesores, periodistas o secretarias, muchos de los cuales desarrollan sus funciones bajo contratos flexibles o en régimen remoto.

“La investigación desconoce la autonomía técnica y territorial del trabajo parlamentario, además de las condiciones contractuales específicas que no exigen presencia física en el Congreso”, agregaron.

Si bien la asociación reconoció la necesidad de fiscalizar y de sancionar el uso fraudulento de licencias médicas, advirtió que los procedimientos deben ejecutarse con seriedad, sin fines mediáticos ni políticos.

“Nos preocupa que se instrumentalice una iniciativa legítima en una ‘cacería de brujas’, sin el debido respeto por la legalidad y los derechos laborales”.

Finalmente, instaron a revisar los protocolos internos frente a las crecientes licencias médicas asociadas a problemas de salud mental y recalcaron que cualquier exigencia de mayor control debe ir acompañada de mejoras en las garantías y condiciones laborales del personal parlamentario.