Un buen analista me dijo el otro día que “una cosa es la ley, y la aplicación de las leyes….y otra es la Justicia; el Derecho; y su administración”.**
Ciertamente hay una relación.
Una relación compleja; contradictoria; que en Chile, históricamente, tiene profundas grietas y dolorosas experiencias que van desde la violación a los derechos humanos de primera generación, partiendo por el derecho a la vida,y los de segunda y tercera generación, entre los cuales se encuentran los salarios; la vivienda; la educación; el medioambiente.
En Chile, no hace mucho tiempo histórico, integrantes de la Corte Suprema, amparándose en “las leyes”, negaban la existencia de las y los detenidos desaparecidos.
El manto de la ley
Del mismo modo, amparándose en “las leyes vigentes”, rechazaron miles y miles de recursos de amparo y protección, que podrían haber ayudado a salvar vidas.
Así, también, bajo el manto de “las leyes”, se rechazaron demandas, existencias, materialidades de pervivencia, en fin, una historia larga y profunda de injusticias y de ausencia de Derecho.
Por eso, en la actualidad, amparándose en “las leyes”, es bien peligroso para la condición humana reguardar todo tipo de comportamiento que, en los hechos, rompe y violenta el ETHOS que el país requiere, básicamente.
Más, cuando, en el marco del sistema del Poder Judicial y la Administración de Justicia, se reiteran acciones y hechos que se alejan mucho y con extremo peligro del intento, siquiera, de la Justicia y el Derecho.
Las instituciones NO siempre funcionan
No es cierto, objetivamente, que en Chile “las instituciones funcionan”, cuando se hace referencia a las que se ubican en el sistema de Administración de Justicia, especialmente tribunales; cortes; fiscalías.
La reforma procesal penal, en el marco de un acuerdo político entre concertación y derecha, estableció muchas de las formas y contenidos que hoy se aplican, por ley, y que permiten las filtraciones; la influencia descarada. Y, lo peor, es que esa reforma procesal penal se hizo al amparo de darle al sistema judicial chileno un rasgo moderno y alejarse de las violaciones a los derechos humanos.
Ciertamente, hay en curso, a pesar de décadas, no pocos procesos que han ido lentamente avanzando hacia el esclarecimiento y sanción jurídica a violaciones a derechos humanos.
Pero queda mucho, mucho.
Sin embargo, en áreas referidas al poder económico; al poder político de las elites; a los abusos y a la persecución política que adopta la forma de judicialización, esto sigue igual, y tal vez peor.
Todo poder del estado está sujeto a la relación con otros poderes; con la sociedad; con sus contradicciones.
Pero, en el caso de la Administración de Justicia, esto adquiere una categoría y expresión ética profunda.
Dos estudios en el año 2024, demostraron que la mayoría ciudadana considera que existe “justicia para ricos, y otra justicia para pobres”; y que “hay desigualdad frente a la justicia”.
Para una sociedad que se dice “democrática”, esto es un asunto de fondo.
Chile necesita, con urgencia, cambios de forma y fondo en este sentido.
**Juan Andrés Lagos, es periodista, académico y encargado de comunicaciones del Partido Comunista de Chile.
