El aún subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostuvo este viernes que el Estado hará «todo el uso de la fuerza» en caso de que las protestas de los pescadores en las regiones de Valparaíso y el Maule «continúen y escalen».

Lo anterior refiriéndose a que pescadores artesanales, principalmente de ambas regiones, se han manifestado contra la Ley de Fraccionamiento que se discute en el Congreso, y ha habido enfrentamientos que ha terminado con carabineros heridos, vehículos policiales dañados, e incidentes en el puerto de Valparaíso con personal de la Armada que culminaron con varios detenidos y la incautación de bombas molotov. Las protestas se reiteraron la mañana de este viernes en Valparaíso, con la instalación de barricadas en el camino La Pólvora.

Sobre ello, la autoridad subrayó que se trata de «acciones violentas que no solo el Estado repudia sino que además de eso están ejerciendo acciones legales contra quienes las han ejecutado».

A continuación detalló que «las estrategias operativas de Carabineros de Chile y particularmente de COP, las estrategias operativas se han ajustado estrictamente al protocolo de intervención. Ese protocolo de intervención suponía entonces intervenir en aquellos casos que se estuvieran afectando bienes de terceros o se interrumpiera severamente el ejercicio de derechos de otras personas. Quienes participaron de esas manifestaciones no sostuvieron ninguna condición de diálogo con lo cual Carabineros de Chile tuvo que intervenir y lo va a hacer así cuantas veces sea necesario».

Derechos versus deberes

Y si bien Cordero reconoció que «los manifestantes tienen el legítimo derecho a expresar sus opiniones, pueden discrepar de lo que se discute en el Congreso», fue enfático en afirmar que «a lo que no tienen derecho porque la Constitución no se los permite, es amedrentar con manifestaciones fuera del Congreso Nacional y en segundo lugar a atentar en contra de bienes públicos o derechos de las personas o de funcionarios del Estado».

En ese contexto, informó que, «por eso el Ministerio del Interior ha interpuesto querellas respecto de los funcionarios policiales lesionados y en segundo lugar, respecto de los vehículos incendiados. El delito de incendios y los atentados en contra de la autoridad quiero recordar que tienen penalidades altas».

«Dicho de otra manera, si esas manifestaciones continúan y escalan en la violencia, el Estado va a hacer todo el uso de la fuerza del derecho y las reglas del derecho en este ámbito son muy severas sobre este punto», acotó finalmente.