La Cámara aprobó, con un contundente apoyo, el proyecto que entrega un aporte monetario a profesores y profesoras que no recibieron el pagó de una asignación en los años 80s, acción que pasó a conocerse mayormente como “deuda histórica” del Magisterio.
Los informes de las comisiones de Educación y de Hacienda fueron expuestos por los diputados Juan Santana (PS) y Boris Barrera (PC), en el que se explica que, en 1979 se publicó el decreto ley 3.063 en donde se establecieron normas sobre rentas municipales y se autorizó que las municipalidades tomaran a su cargo el servicio educativo. Esto provocó que, a partir de 1980, se ordenara el traspaso de la administración de los establecimientos educacionales públicos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, corporaciones municipales o a entidades sin fines de lucro bajo el régimen de administración delegada.
Dicho traspaso tuvo diversas consecuencias que la entonces Junta de Gobierno buscó subsanar a través de un nuevo decreto ley (3.551), en donde se establece que junto a un aumento en el sueldo base para el sector público, creó una asignación especial no imponible para los docentes dependientes del entonces Ministerio de Educación Pública. Su finalidad fue compensar el deterioro de la retribución económica de los trabajadores de la educación. Esta asignación especial debía pagarse entre los años 1981 y 1988. Sin embargo, en muchos casos, los nuevos empleadores desconocieron esta asignación. De ahí el origen de la “deuda histórica”.
Si bien tras el retorno a la democracia se trató de restituir el pago por la vía judicial, ello no fructificó en un número importante de casos. Los municipios adujeron que no podían cubrir tales montos.
Beneficiarios de la deuda histórica y monto
La propuesta otorga un aporte único de cargo fiscal. Este será pagado a las y los docentes traspasados que no recibieron la citada asignación entre 1980 y 1987.
Los beneficiados deberán cumplir los siguientes requisitos:
Tratarse de un profesional de la educación que se desempeñara en un establecimiento educacional traspasado en las condiciones ya mencionadas.
No haber obtenido el pago íntegro de la asignación indicada.
No haber obtenido el pago íntegro de lo fallado por sentencia judicial favorable firme y ejecutoriada, avenimiento, transacción o cualquier equivalente jurisdiccional de tribunales chilenos o internacionales.
No mantener un juicio o reclamación administrativa pendiente, que tenga por objeto perseguir el pago de la asignación.
Renunciar expresamente a cualquier derecho, acción o reclamo a perseguir el pago de la asignación.
El texto también especifica las vías para acceder al pago del aporte y especifica los datos que deben acompañarse para recepción.
El aporte a pagar corresponderá a $4.500.000 por beneficiario o beneficiaria y se pagará en dos cuotas y existirán seis períodos de pago. Los cupos disponibles por año tendrán un perfil de priorización que tomará en cuenta la edad de las y los beneficiarios. Así, se comenzará con las personas de mayor edad a las de menor edad. El universo considerado es de 57.560.
Discusión
En general, todos los testimonios valoraron que se avance en el pago de la deuda histórica. Sin embargo, hubo visiones divergentes en cuanto a la transcendencia y alcance del beneficio.
Representantes del oficialismo alabaron que fuera en esta administración gubernamental en que se incurriera en una solución al tema. Se relevó el cumplimiento de un compromiso de campaña en pro de una reparación justa y largamente demandada.
Lamentaron sí la tardanza en la entrega de este beneficio que llegará a más de 57 mil personas. En tal plano, criticaron que los pasados gobiernos no lograran un acuerdo como el alcanzado actualmente con el Colegio de Profesores, donde un 82% de los afectados votó a favor de la propuesta gubernamental.
Desde la oposición también se valoró la entrega de este beneficio, pero hubo críticas en cuanto a su alcance. De ahí que algunos refutaran el monto, que estimaron estrecho. También que se deba renunciar a cualquier otra demanda compensatoria.
Un punto tocado transversalmente fue el tema del pago en dos cuotas y el plan de seis años para la entrega del beneficio. En tal plano, fue frecuente los llamados a eliminar los tramos y a avanzar en un pago único, especialmente considerando que muchos de los beneficiados son de avanzada edad.
