• La medida, que entrará en vigencia en enero de 2025, permitirá a la Dedecon representar a contribuyentes de menores ingresos que busquen interponer reclamos en los tribunales de Justicia en contra del SII o de Aduana, por actuaciones que impliquen posibles vulneraciones de sus derechos.

Tal como quedó establecido en la Ley de Cumplimiento Tributario, a partir del 1 de enero de 2025, las y los contribuyentes contarán con una nueva herramienta para hacer frente a eventuales vulneraciones de derechos tributarios.

Se trata del servicio de representación judicial por parte de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) y tribunales superiores de justicia. Es decir, el organismo podrá interponer reclamos por actuaciones u omisiones que atenten contra los derechos de las y los contribuyentes.

Según explican desde la Dedecon, esta nueva facultad permitirá disponer abogadas y abogados especializados en la tramitación de procedimientos judiciales.

“Tanto esta nueva atribución como otras establecidas en la Ley N°21.713 ponen en su justo equilibrio el cumplimiento de los deberes con el respeto irrestricto de los derechos del contribuyente. El desafío es grande, pero estamos en condiciones de equiparar la cancha en favor de microempresas y personas naturales, principalmente aquellas que no tenían acceso a una representación judicial privada ante vulneraciones de sus derechos”, señalan desde la Defensoría.

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2025, también se otorgará a la Defensoría del Contribuyente “representación administrativa” ante la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio Nacional de Aduanas, tal como sucede frente al Servicio de Impuestos Internos. Así, las personas naturales y empresas podrán, a través de la Dedecon, presentar los recursos administrativos que permitan el resguardo de sus derechos ante actuaciones u omisiones realizadas por dichos organismos.

La Defensoría es un organismo público descentralizado, cuyo objetivo principal es velar por la protección y resguardo de los derechos de las y los contribuyentes en temas de tributación nacional interna, cobro de deberes tributario y tributación aduanera. Para ello sus facultades le permiten revisar constantemente el actuar de las autoridades tributarias y utilizar las atribuciones legales que se le han otorgado para proteger los derechos de las y los contribuyentes.