Las diputadas Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) presentaron este miércoles una querella criminal en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de secuestro agravado, y en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia, acciones judiciales que busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que afectan la credibilidad de las instituciones públicas.
De acuerdo con el texto de la querella, los hechos denunciados incluyen la supuesta utilización indebida de recursos públicos y la manipulación de pruebas. En el documento se señala que “estas conductas revisten la mayor gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas, poniendo en riesgo el éxito de la investigación en curso”.
En este sentido, Flores dijo que “es evidente, manifiesta a estas alturas, a propósito de todos los hechos que hemos conocido mediante los medios de comunicación, que se configuraría a nuestro entender jurídicamente los presupuestos legales para que se configure el delito de secuestro agravado, porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”.
Por su parte, la diputada Labra agregó que “no podemos quedarnos de brazos cruzados, sobre todo cuando hemos visto un gobierno, desde el Presidente Boric hasta la ministra Orellana, que no han dado señales contundentes de protección a la víctima. Hemos visto que hubo un pacto de silencio. Estamos hablando de un ex subsecretario del interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”.
A su vez, Weisse dijo que “con los hechos que hemos conocido cada día, que no nos dejan de sorprender, estamos frente a un circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda. Lo que estamos presentando es esta querella criminal para que se investiguen, además de lo que ya está hoy día en investigación del exsubsecretario Monsalve por violación y abuso sexual, otros hechos que pueden ser constitutivos de delito y que a nosotros nos parecen de la máxima gravedad”.
En ese sentido, precisó que “en esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata. Es la obligación para una autoridad como para cualquier funcionario público y por lo tanto nos parece que eso es un hecho gravísimo en donde tiene que investigarse de la manera más rápida posible”.
Además, el texto detalla que la ministra del Interior, Carolina Tohá, habría mantenido comunicaciones con el exsubsecretario Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Según la querella, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
“A estas alturas tenemos la convicción de que hubo un pacto de silencio, de los funcionarios de la Subsecretaría del Interior, del Presidente de la República, de Miguel Crispi, del Jefe de Gabinete, de la Ministra del Interior, todos se pusieron de acuerdo para que esto no salga a la luz pública, y si salió es porque un diario de circulación nacional lo destapó”, concluyeron.
Asesores de La Moneda bajo la lupa: Rol de Miguel Crispi y el “Segundo Piso”
La acción judicial también incluye la solicitud de investigar el rol de los asesores del Gobierno, como Miguel Crispi, Carlos Durán y otros miembros del denominado “Segundo Piso” de La Moneda. Según el documento, el caso compromete a altos funcionarios que habrían tenido conocimiento previo de los hechos y cuya actuación podría configurar omisiones o encubrimientos.
Finalmente, la querella subraya que estos hechos vulneran derechos fundamentales y principios de probidad pública. “Hay indicios de ‘negociar’ el no denunciar un delito de violación, funcionarios públicos que conocieron de los hechos y no cumplieron con la ley, uso de recursos públicos materiales, y privación forzosa de la libertad”, establece el texto.
