El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió este viernes a las amenazas y advertencias que habría recibido la víctima que denunció a Manuel Monsalve, afirmando que son “graves” y constituyen un “mecanismo de amedrentamiento indebido”.
“Son graves, las amenazas explícitas o implícitas constituyen un mecanismo de amedrentamiento indebido a la víctima y, por lo tanto, forma parte de la investigación”, explicó Cordero.
Respecto a que dichas amenazas que denunció la abogada María Elena Santibáñez, hubiesen salido desde funcionarios del Ministerio del Interior, el subsecretario dijo que “si es así, aún peor. La obligación de los funcionarios públicos en situaciones que pueden afectar a una persona, como en el caso de la víctima, no es solo velar por atender oportunamente eso, sino que además denunciarlo por último por los canales anónimos que están diseñando”.
Respecto al “retiro absoluto” de la jefa nacional de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, solicitado ayer por el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, Cordero sostuvo que anoche el jefe de la policía civil concurrió a La Moneda para informar a la ministra del Interior, Carolina Tohá y a él, de la salida de Vilches por las “razones que se han conocido estos últimos días y especialmente aquellos que se exhibieron por parte del Ministerio Público en la audiencia de garantías (…) y porque de ello revela un ejercicio imprudente de algunas atribuciones de la ley de inteligencia”.
Consultado respecto a las atribuciones de Interior de citar a la jefa de inteligencia de la PDI para temas personales, la autoridad dijo que “hasta los antecedentes que tenemos hasta ahora, el señor Monsalve habría citado a su oficina a la exjefa de inteligencia con la finalidad de plantear una situación que lo afectaba a él con riesgo de autoridad y en función de eso, la jefa de inteligencia habría actuado”.
“A juicio del director Cerna dado a los antecedentes que se han conocido, esas atribuciones fueron ejercidas en modo imprudente. Si el señor Monsalve, ocupando su cargo ejerció indebidamente sus atribuciones, forma parte de la investigación penal”, concluyó.
