Los diputados RN no cesan en su labor de arremeter en contra del Partido Comunista y lo hacen ante la Contraloría, ya que recurrirán por el trato directo del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) liderado por Camila Vallejo, por casi $244 millones con la empresa Datavoz para la realización de “Estudios Estratégicos Cualitativos que permitan identificar requerimientos y prioridades ciudadanas”; y por otro lado por las gift cards por $35 mil que está entregando la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

De esta forma, la bancada de parlamentarios del partido de derecha ingresó un oficio a la CGR pidiendo a la contralora (s) Dorothy Pérez, que junto a fiscalizar el buen uso de los recursos públicos “y la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, requiera la información necesaria de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, doña Camila Vallejo Dowling; el director de la Secretaría de Comunicaciones, don Pablo Paredes Muñoz y demás personas que estime conveniente”. Además de que instruya un sumario administrativo “destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar, aplicando, de corresponder, sanciones a los responsables”.

La razón de esta solicitud obedece a que el trato directo con la empresa se hizo sin licitación alguna, argumentando la Segegob que el trabajo de Datavoz “contempla un análisis amplio, cualitativo y cuantitativo, sobre la contingencia sociopolítica actual ya sea a través de su GPS Ciudadano y su participación en el diseño de la encuesta CEP, lo que los habilita para sacar provecho del material cualitativo recolectado en la oferta a partir de su experiencia acumulada”.

Recuerda el oficio a la Contralora (s), que la ley 19.886 “en su artículo 5° establece que toda contratación que supere las 1.000 UTM ($65.770.000 millones) debe (…) realizarse mediante licitación pública”, por lo que la ausencia de una licitación en este caso, “constituiría una infracción a la probidad administrativa”. Más cuando existen, según se especifica en el documento y aludiendo a información de La Tercera, “de acuerdo a estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, en 2022 había 294 empresas con giro estudios de mercado y encuestas de opinión pública”.

También se destaca lo cuestionable que resulta que, tal como señala el contrato, “el objeto de éste sea secreto y reservado (…) lo que terminó haciendo imposible la apertura de una licitación pública”. Añadiendo el oficio de la bancada RN que “no existe argumento plausible para adoptar una decisión que deja sin efecto relevantes normas de probidad y transparencia en las compras públicas”.

Los cuestionamientos de los parlamentarios de RN se centran en las “eventuales irregularidades del proceso que se utilizó para su elección, en vista y considerando que a nuestro parecer el acto no se encontraría correctamente fundado, faltando completamente al principio de legalidad y, por tratarse de una omisión de licitación pública, una falta a la probidad funcionaria”.

Fiscalización por gift cards de Irací Hassler

En un segundo oficio a la contralora (s) Dorothy Pérez, los diputados María Luisa Cordero, Hugo Rey, Jorge Durán y José Miguel Castro, piden fiscalizar las gift cards por un monto de $35 mil que el municipio de Santiago, liderado por Irací Hassler (PC) está entregando masivamente a los vecinos de la comuna bajo el argumento de “colaborar en la gestión de alimentos durante este invierno”.

En el documento ingresado en la CGR se afirma que “la entrega de recursos por parte del Municipio de Santiago, particularmente por parte de autoridades que en los próximos meses enfrentan una elección en las urnas es por cierto imprudente y, en la medida que en su adjudicación y entrega se prescinda de norma legal habilitante o instrumentos de focalización, la entrega deviene en ilícita e incluso en constitutiva de delito”.

Se hace notar, además, que el reparto de “beneficios cuantificables en dinero se realice en épocas cercanas a comicios electorales por quienes buscan la reelección, solo aporta un reproche adicional, ya que en definitiva lo cuestionable es la entrega de recursos públicos sin estándares mínimos de objetividad”.

En el oficio, además de pedirse la información a la alcaldesa y quienes se estime conveniente, se solicita la aplicación de sanciones a los responsables y “que si de los antecedentes de la auditoría surgieren elementos u hechos constitutivos de delito, se deriven los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, informando al Servicio Electoral por la eventual incidencia en el proceso electoral municipal”, del 27 de octubre.