El Tribunal de Garantía de Arica decidió este martes no hacer caso a la resolución inhibitoria de la ministra en visita, Jenny Book, para que sea la justicia militar la que investigue el caso de la muerte del conscripto Franco Vargas y de otros soldados afectados tras una marcha de la Brigada 24 Huamachuco en Putre, por lo que tendrá que ser la Corte Suprema la que dirima.

La ministra en visita dictó el sábado pasado una resolución inhibitoria de competencias, la que remitió al Juzgado de Garantía de Arica con el objeto de que se inhiba de seguir conociendo la causa, afirmando en el escrito que “en el evento que el Tribunal de Garantía estimara que esta Ministra en Visita Extraordinaria no es la competente para conocer de estos hechos, téngase por trabada la respetiva contienda, debiendo elevarse los antecedentes ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo prevenido en el artículo 70-A Nº5 del Código de Justicia Militar y artículo 3º de la Ley Nº 20.477”.

El juez del Tribunal de Garantía ariqueño, Juan Araya, dijo que “en consecuencia, natural, vamos a rechazar la pretensión de la ministra Jenny Book Reyes. No nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto. Y en virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico Tribunal, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la Excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar”.

Y agregó que “desde esa mirada, también es recomendable, de acuerdo a las directrices del sistema interamericano de Derechos Humanos, que sea la jurisdicción civil u ordinaria”.

Ante esta situación, tendrá que ser la Corte Suprema la que dirima si la causa debe seguir en los tribunales civiles o dejarlo a la justicia militar.