El diputado Republicano, Cristián Araya, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, denunció una “confabulación” que terminó con una sesión secreta de la instancia, tanto de sus pares como del Senado, para revisar el caso del conscripto fallecido en una marcha en Putre.

De acuerdo a lo señalado por el legislador de la derecha más extrema, “las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara (Fabiola Campillay y Lorena Fríes) se coludieron y de forma furtiva tuvieron una sesión en el Senado para abordar la situación que sufrió un grupo de conscriptos en el norte del país”.

En este sentido, Araya explicó que Fríes suspendió la sesión del día miércoles, pero que después -a través de asesores-, tanto él como sus pares de Chile Vamos se enteraron de que “todos los integrantes de izquierda de la Comisión de Derechos Humanos que debía sesionar a esa misma hora, estaban allá (en el Senado)”.

“Evidentemente había un acuerdo para poder suspender Derechos Humanos en la Cámara de Diputados y irse de forma escondida a sesionar o a participar de la sesión del Senado. Aquí es un afán político de instrumentalizar esta situación para golpear al Ejército de Chile como también para condicionar la discusión de Reglas del Uso de la Fuerza y la Justicia Militar”, añadió el parlamentario.

Asimismo, aseveró que “aquí hay un aprovechamiento descarado de parte del oficialismo y que incluso tuvieron la osadía de suspender la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de forma oculta sesionar en paralelo en el Senado”.

“Es muy lamentable porque, más encima no se nos comunica y se nos niega la palabra en el Senado. Evidentemente, no estaba la disposición de que la oposición tuviese algún nivel de participación, sino solo de poner en escena una película que busca perseguir al Ejército y condicionar la discusión en materia de Reglas del Uso de la Fuerza y Justicia Militar”, insistió.

Finalmente, consultado por posibles acciones que puedan tomar los parlamentarios de oposición, Araya anunció que “estamos evaluando una denuncia en la Comisión de Ética como también una eventual censura de la presidencia actual de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”.