Los diputados de ChileVamos representados por Frank Sauerbaum (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), solicitaron este miércoles a la Contraloría un sumario administrativo por eventuales faltas a la probidad y a la legalidad en el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social, por el spot publicitario difundido por el Gobierno sobre la reforma previsional.
En la presentación, las bancadas de diputados de ChileVamos argumentaron que “en la dramatización del video se minimiza la posición de las oposición, se simplifica el debate de manera tendenciosa y se desvirtúa el proyecto de ley con una vinculación a la Pensión Garantizada Universal, política pública vigente”.
Asimismo, se manifiesta que el spot fue financiado por la Subsecretaría de Previsión Social; mediante un contrato que “impone a la Administración un pago de 430 millones de pesos, suma que puede aumentarse hasta en un 30% a requerimiento de la contraparte técnica”, añadiendo que es para “una difusión tendenciosa y favorable a la posición del gobierno sobre una iniciativa que se encuentra en pleno trámite legislativo”.
Además, los parlamentarios recuerdan los límites normativos que tienen los ministerios respecto de gastos, explicando que es evidente “la prohibición de utilizar recursos para campañas que favorezcan al Gobierno si no se pudieren encasillar dentro de los fines institucionales. De hecho, dentro del catálogo de actividades que pudieren calificarse “gastos de publicidad y difusión para el cumplimiento de las funciones institucionales, no se encuentran políticas públicas en fase de diseño ni menos proyectos de ley en trámite legislativo”.
Sauerbaum, uno de los impulsores del requerimiento al órgano contralor, dijo que “el gobierno está utilizando recursos públicos para poder promocionar una idea de proyecto de ley que no se ha aprobado y está claramente establecido en la norma de administración del Estado que solamente se pueden promover iniciativas ya aprobadas por el Congreso Nacional. La verdad que el comportamiento del gobierno es difícil de comprender cuando nos llama a un acuerdo, a conversar y nos golpea con un video como este que quiere atribuir responsabilidades a la centro derecha por rechazar un mal proyecto que establece un sistema de reparto que rechaza a la gran mayoría de los chilenos”.
Por su parte, Coloma señaló que “la objeción de ilegalidad que alegamos es que tanto el Seguro Social como el 6% de cotización fueron rechazadas por la Cámara de Diputados. Por lo tanto no existe en el proyecto y es evidente que no se puede promover algo que no está, no podemos hacer publicidad frente a algo que aún no es ley, que no es palpable. Esta es una forma de presionar al parlamento indebido, ilegal y arbitrario”.
“El Ministerio del Trabajo ha cometido una falta grave a los principios de probidad y al principio de legalidad al financiar una campaña millonaria de carácter publicitario para una política pública que aún no existe en nuestro país”, agregó el jefe de la bancada de Evópoli, quien además señaló que “esta campaña ha sido absolutamente tendenciosa, no mostrando con claridad la verdad respecto al proyecto de pensiones. Es por eso, que hemos recurrido a la Contraloría General de la República para que declare que esta campaña publicitaria es ilegal y le exija al Ministerio del Trabajo dejar de difundir esta campaña, que se restituyan los fondos millonarios con los cuales se está financiando y además existan responsabilidades administrativas de todos aquellos que la han impulsado. Con los recursos de todos los chilenos no se puede financiar una campaña publicitaria que falta a la verdad, que no cumple con los principios de legalidad del gasto y que, por sobre todo, confunde y lleva a la población a tomar decisiones erróneas respecto del proyecto de pensiones que es tan importante para el país”.
Finalmente, la jefa de bancada RN, Ximena Ossandón, aseguró que “el spot publicitario de la reforma previsional es ilegal ya que la Subsecretaría de Previsión Social no tiene competencias para publicitar una materia que aún no ha sido sancionada por el Congreso Nacional. El argumento de la Ministra Jara en orden a la necesidad de incurrir en esta ilegalidad para enfrentar la publicidad de las AFP pierde de vista que ella es una Ministra de Estado y que en el marco del gasto público, ella tiene límites que no puede desestimar en base a consideraciones políticas. El Gobierno gasta cifras millonarias en contra de la ley para fortalecer su posición, una que no cuenta con las mayorías parlamentarias y corre serio riesgo de naufragar”.
