Conferencia de las Partes realizada en Santiago cerró con importantes hitos, como la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.

Con el logro de importantes resultados cerró esta semana la COP3 del Acuerdo de Escazú, realizada en Santiago de Chile, entre el 22 y 24 de abril.

La conferencia reunió a las delegaciones de los quince Estados Parte del acuerdo, el cual busca proteger a las personas defensoras del medio ambiente en América Latina y el Caribe, garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

“El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional que se rige por principios de derecho ambiental y derechos humanos, mismos que deben estar alineados a los objetivos globales de biodiversidad, clima y desarrollo humano sostenible al 2030. En esta tercera cumbre de las partes, los gobiernos han mostrado, en general, su decisión de avanzar hacia mecanismos de implementación coherentes con las circunstancias tan complejas que enfrentamos en la región”, señala María Inés Rivadeneira, Coordinadora de Políticas de WWF América Latina, quien enfatizó el llamado a que los países que aún no ratifican el Acuerdo lo hagan en forma urgente. 

“Creemos que ha sido una conferencia satisfactoria, convencidos de que es crucial seguir fortaleciendo y concretando la implementación del Acuerdo de Escazú. Porque el contexto actual de triple crisis ambiental que golpea con fuerza a nuestra región latinoamericana, hace urgente contar con herramientas efectivas que agilicen soluciones para la seguridad de los defensores ambientales, así como al acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, y también para los conflictos vinculados a biodiversidad y recursos naturales. En cuanto a la participación oficial de Chile, pudimos apreciar una delegación empoderada, que dio a conocer un Plan Nacional de Implementación que incluye aspectos innovadores, por ejemplo, en temas de participación”, comenta Rodrigo Catalán, director de Conservación de WWF Chile.

Hitos de la conferencia

El principal hito de la COP3 fue la aprobación del Plan de Acción sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, iniciativa coordinada por Chile, Ecuador y Saint Kitts and Nevis. 

Para WWF, la adopción de este plan no solo transmite un mensaje político acerca de la urgente necesidad de atender la agenda de personas defensoras, sino que contribuye a resultados sustanciales para la implementación del Acuerdo de Escazú. Esto, considerando que este instrumento regional establece la obligación a las partes de garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas defensoras puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad mediante la adopción de medidas para reconocer, proteger y promover todos sus derechos. Por tal motivo, desde la primera COP, las partes establecieron un grupo de trabajo ad hoc, con el mandato de elaborar un plan de acción regional en la materia para ser sometido a consideración en esta COP3.

“La adopción de este Plan de Acción es un paso clave que impulsará el desarrollo progresivo del estándar regional hacia la construcción de mayores parámetros normativos”, destaca María Inés Rivadeneira, quien también valoró las positivas señales respecto a los Planes Nacionales de Implementación y los Informes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento.

Sobre los primeros, se trata de las hojas de ruta de cada Estado en relación a Escazú, esperando que también constituyan un medio de transparencia y rendición de cuentas. En concreto, durante esta COP siete países (Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Belice, México, Uruguay y Chile) compartieron sus Planes Nacionales de Implementación, tanto en construcción o ya aprobados, para una efectiva y progresiva puesta en marcha del tratado.

En cuanto al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, fue aprobado el documento que establece sus modalidades de trabajo. Esta instancia es un órgano subsidiario de la COP de Escazú de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, que busca promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del acuerdo. 

También en lo referente a implementación, se logró la inclusión de la participación significativa del público, incluyendo expresamente a los pueblos indígenas, en la elaboración de planes y hojas de ruta para la implementación nacional del Acuerdo de Escazú. Esta medida es esencial para garantizar la protección de los derechos indígenas, poner en valor y utilizar los conocimientos tradicionales, fortalecer la gobernanza ambiental y cumplir con los compromisos internacionales en materia de participación indígena.

“Escazú representa una apuesta por detener el deterioro de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. El régimen jurídico contenido en el Acuerdo busca proporcionar una caja de herramientas para hacer frente a la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, clima y contaminación por plásticos; además de contribuir al logro de la Agenda 2023 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo mismo, reiteramos nuestro llamado a que Brasil, Colombia, Perú, Paraguay y Guatemala ratifiquen este Acuerdo que fortalece la gestión y gobernanza ambiental inclusiva y el desarrollo sostenible”, puntualiza María Inés Rivadeneira.