La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este viernes a la polémica por el peligro que reviste el traslado de imputados de la banda Los Gallegos desde distintos penales del país hasta los tribunales de Arica para el juicio que se iniciaría el próximo lunes, afirmando que se reforzarán todas las medidas de seguridad para que la “justicie opere sin presiones”.

Los Gallegos es el brazo operativo de la brutal banda criminal venezolana Tren de Aragua en el norte del país y el próximo lunes se dará inicio al juicio en contra de 38 implicados en el caso, quienes serían trasladados desde distintos penales del país hasta Arica, lo cual ha provocado revuelo ante la advertencia de una posible fuga masiva u otras acciones que pudiesen ocurrir.

Ante esto, Tohá dijo en un punto de prensa que “hay solicitudes que se han presentado para modificar la ubicación del juicio, pero no recae en el Ejecutivo tomar esas decisiones, es propio del proceso penal definirlo. Lo que nos corresponde a nosotros es que donde quiera que se haga este proceso, se refuercen las medidas de seguridad”.

En ese sentido, señaló que “hemos tenido contacto con el alcalde de Arica y si es ahí, o si es en otra parte, van a tomarse los resguardos, por supuesto, para proteger a todos los actores del proceso penal, a la población que está en el entorno, para que no existan esos impactos”.

“Lo hacemos cada vez que hay estos juicios complejos, en que a veces grupos ligados a quienes están enfrentando la justicia buscan maneras de ejercer algún tipo de represalia o intimidación, ahí está nuestra labor, protegiendo a personas que están en situación de riesgo para asegurar que la justicia opere sin presiones, y que nadie sea movido por el temor para tomar decisiones”, remató.

Hay que mencionar que la noche del jueves, el Ministerio del Interior, la Fiscalía de Arica y Gendarmería presentaron un recurso de no innovar en contra de lo determinado por la Corte de Apelaciones ariqueña que dictaminó que el juicio debía ser presencial y no telemático como solicitaba el ente persecutor y la propia institución que resguarda a los reos.