miércoles, mayo 22, 2024

RN pide a Contraloría ver legalidad del “Criterio Tohá” y su aplicación frente al General Yáñez

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La bancada RN solicitó este viernes a la Contraloría que se pronuncie respecto a la posible aplicación del denominado «Criterio Tohá» al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien próximamente será formalizado en el marco de una investigación por presuntos delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el estallido social.

Los parlamentarios Ximena Ossandón, jefa de bancada, junto al subjefe, Hugo Rey y al presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton, entregaron una carta en la que buscan anticiparse a un eventual llamado a retiro del general Yáñez y afirman que el decreto debe fundarse e ir a toma de razón ante el órgano contralor.

Según los parlamentarios, el “Criterio Tohá” no puede ser aplicado a Yáñez, por lo que sería ilegal en este caso, ya que si bien el “General Director no es inamovible, su llamado a retiro no puede basarse únicamente en un criterio general basado meramente en un estándar político del Gobierno”.

Los legisladores enfatizan en el escrito que el “Criterio Tohá”, que parece atendible, sólo se pueda ocupar en funcionarios de confianza del Presidente, pero no de uno que tiene un estatuto especial.

En efecto, para los parlamentarios de oposición la formalización es un acto de garantías, no una sanción anticipada, por lo que sacar a un general director y aplicarle el mismo criterio que para un Seremi o un asesor, no es justificable, por lo que la Contralora no debiese tomar razón de un eventual decreto de retiro.

Ossandón señaló que “consideramos que aplicar el “Criterio Tohá” es absolutamente ilegal e inconstitucional en el caso del Director General de Carabineros, el General Yáñez. Todo esto basándonos en que consideramos que cualquier gobierno puede tener un estándar moral y aplicar el criterio Tohá a todos los funcionarios que sean de su confianza. Y en el caso de las Fuerzas Armadas y en especial del General Yáñez, no son funcionarios de confianza, son funcionarios que desde su elección hasta su remoción están estipulados en nuestra Constitución”.

En esa línea, la parlamentaria argumentó que “si se decide remover al General Yáñez el día de su formalización, el gobierno tiene que emitir un decreto supremo fundado, el cual debe ser después tomado a razón por Contraloría, por eso estamos acá, y después debe comunicarse también a ambas Cámara. Consideramos que el director general no es un funcionario público cualquiera, así lo dice nuestra Constitución. El hecho de que sea formalizado es un acto garantista y bajo ninguna circunstancia es una condena”.

Por su parte, Rey criticó la gestión de Carolina Tohá como ministra del Interior, señalando que “la ministra tiene que replantearse justamente los criterios de cómo está abordando esto (la delincuencia) (…) tiene que darle celeridad a todos los proyectos de seguridad, y trabajar junto con el Presidente para darle la urgencia necesaria a todos los proyectos que se necesitan que están en el Congreso, que son muchísimos. Y, por supuesto, darle el apoyo que hoy día necesitan nuestras fuerzas policiales para que puedan aplicar la mano dura contra la delincuencia”.

En tanto, Longton precisó que “en medio de la crisis de inseguridad que estamos viendo en nuestro país, y que ayer cobró una víctima más, en este caso de Carabineros, la verdad es que nos parece improcedente y que no tiene presentación que se esté evaluando que el General Director de Carabineros deje su cargo. Esto obviamente va a afectar la confianza política y va a inhibir a nuestros policías de poder actuar, si es que la máxima cabeza, por hechos de terceros, por una formalización que es una garantía para las personas que están siendo acusadas de algún delito, sea removido de su cargo. Y además con una flagrante ilegalidad e inconstitucionalidad porque son decretos que son fundados y el fundamento no puede ser un criterio político, puede hacerlo para sus funcionarios de confianza, pero no para el general director de carabineros en medio de una crisis de seguridad”.

En ese sentido, los diputados expresaron su interés en que la Contraloría examine detenidamente los argumentos que se entregan, y en definitiva, determine la ilegalidad del llamado a retiro del general Yañez.

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