viernes, noviembre 22, 2024

Bancada RN buscan crear comisión investigadora con enfoque en crisis del SLEP y falta de matriculas

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La bancada de RN buscará conformar una comisión investigadora que estudie las fallas en el sistema educacional y se enfoque en la falta de matriculas y el fallido proceso de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lo cual debería resolverse el próximo lunes 22 en la Cámara.

Los parlamentarios de derecha indican que más de 800 estudiantes aún se encuentran sin un colegio donde estudiar a consecuencia de la llamada “tómbola” como también la existencia de problemas en la implementación de los SLEP, que solo en el caso de Atacama dejaron sin clases por tres meses a miles de escolares.

En esa línea, los legisladores apuntan a que la falta de matrícula aún existe, pese a que se está a mediados de abril, en regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, La Araucanía y Biobío, donde “se ha traducido en que millares de estudiantes primarios aún no han podido iniciar clases, lo que parece especialmente grave si tenemos en consideración la necesidad de superar el déficit que dejó la pandemia en materia educativa”.

Los parlamentarios también exponen que lo sucedido en la última parte de 2023 con la crisis de Atacama, es una “expresión del fracaso de una política que se impuso en base a pretensiones ideológicas y por sujetos cuyas capacidades e idoneidades técnicas han sido severamente cuestionadas en los últimos meses”.

Y precisan que el fracaso de los SLEP “abonan al conjunto de problemas que afectan a la educación pública y que tienen otras expresiones en las cuestionables tómbolas y en las indignas filas que vemos de padres procurando una matrícula para sus hijos”.

Asimismo, la solicitud menciona que incluso el Defensor de la Niñez -Anuar Quesille– afirmó que “la educación es un derecho fundamental (…) y es un deber primordial del Estado garantizarlo”. Y para eso se deben “generar condiciones que permitan un acceso oportuno y adecuado bajo cualquier circunstancia”.

Finalmente, cabe destacar que la instancia fiscalizadora tendrá como tarea –en un plazo de 60 días– “fiscalizar los actos del gobierno, en especial, del Ministerio de Educación, en relación con la implementación del Sistema de Educación Pública desde el año 2022 a la fecha y las complejidades que ha experimentado el proceso de admisión escolar para el año escolar 2024”.

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