La ministra del Interior, Carolina Tohá, rayó la cancha a todos los funcionarios del Gobierno, afirmando que cualquiera que esté formalizado por algún delito, deberán dejar sus cargos para que las instituciones no se vean afectadas por las indagatorias que realice el Ministerio Público.

Así lo dejó planteado en conversación con La Tercera, indicando que “nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones”.

En cuanto a las situaciones que vivió la PDI con su exdirector en prisión preventiva y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en vías a ser formalizado en mayo, Tohá señaló que “esa es la filosofía que nos aplicamos nosotros como gobierno central y con nuestros funcionarios, otros poderes del Estado, organismos autónomos como son los municipios, toman sus propias decisiones”.

Un punto importante de este nuevo criterio apunta a Miguel Crispi, el actual jefe de asesores de la Presidencia, quien está en calidad de imputado en la investigación de la arista Democracia Viva del Caso Convenios, cuyo futuro es incierto en caso de ser formalizado.