La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a aclarar a través de un comunicado diversos aspectos sobre las indicaciones ingresadas esta semana al proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), y que están causando un creciente ruido político, recalcando que dichas indicaciones no tienen “nada nuevo sobre este tema”, puesto que “todo lo que contienen las indicaciones ya lo contenía el proyecto original. Lo único que cambió es que este contenido pasó del artículo 14 al artículo 11. Entonces aquí no hay novedad alguna”.
La polémica se encendió particularmente en torno a lo considerado como injusta diferenciación en favor de las minorías.
Asumiendo el papel «docente» al cual han acudido diversas autoridades a la hora de responder a las críticas ante diversos temas los últimos días, la secretaria de Estado hizo hincapié en que «es bueno que se sepa cuál es la realidad del proyecto que se está tramitando y el sentido de las indicaciones que se han presentado».
En ese contexto fue enfática en asegurar que «la ley que se está proponiendo es la misma para todos los grupos poblacionales. No hay reglas de uso de la fuerza distinta para distintos grupos«.
A continuación, sin embargo, la ministra acude a ejemplos poco realistas, más aun considerando que la dinámica de una situación en la cual la amenaza de violencia deja muy poco margen para algunas sutilezas que bien se ven en el papel, pero a las que muy a menudo no hay tiempo de aplicar en hechos consumados, por más loable que sea la intención original del legislador.
“Lo que hay en el texto original es una recomendación de que los reglamentos que apliquen esta ley, que es la misma ley, tengan en cuenta la realidad de algunos grupos que tienen condiciones especiales, especialmente condiciones desfavorecidas. ¿Cómo se hace eso? A través de un uso diferenciado en cierta parte de las Reglas de Uso de la Fuerza donde es relevante esa característica especial. ¿Y cuál es esa parte? El segundo nivel de uso de la fuerza, que es el uso disuasivo de la comunicación. La comunicación no puede ser igual para un niño que para un adulto. No puede ser igual para una persona que habla nuestra lengua que para una que no la habla. Para una persona que es parte de la diversidad sexual, por ejemplo, a un transexual varón no se le puede llamar señorita, porque probablemente lo que se va a hacer es escalar la situación en lugar de calmarla. Entonces, ¿qué hace esta norma? Aplica criterios que están en los instrumentos internacionales para que el trabajo policial sea efectivo y la manera de tratar estos distintos grupos logre el objetivo que se persigue, que es no escalar la violencia, sino bajarla”.
Añade luego que “tenemos que decir que el uso diferenciado de la fuerza del que se habla acá estaba en las presentaciones que se le mostró a integrantes de todas las bancadas” representadas en las comisiones parlamentarias que discuten este proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados y que, «hasta ahora, nadie había planteado objeción con esta materia».
En este contexto, la ministra acusó que “hacer burlas con homosexuales, migrantes y niños es una vieja escuela que conocemos muy bien, tiene mucha historia en Chile y en el mundo, pero hace tiempo que se considera de mal gusto, porque son grupos vulnerables y estos temas son serios”, críticas más bien extemporáneas cuando el grueso de las acotaciones apunta en contra de la diferenciación y no contra los sujetos de la misma.
Añadió finalmente que «alimentar los prejuicios, alimentar los miedos, no es una buena manera de llevar los debates. Y si queremos que en Chile haya reglas de uso de la fuerza y funcionen, sería bueno que hagamos esos debates bien apegados al sentido que tienen las normas y al debate que ha habido por quienes lo han llevado«.
