Por: Sandra Castro Salazar – Directora Ejecutiva Corporación CATIM
Desalojar a familias enteras, incluyendo niños y adolescentes, de sus hogares es una situación dolorosa que impacta profundamente en el bienestar físico, emocional y psicológico de todos los involucrados. La reciente situación en la toma del sector Juan Riquelme en Concepción ha puesto de manifiesto la precariedad en la que se encuentran muchas familias, enfrentando una incertidumbre angustiante sobre su futuro y el de sus hijos e hijas.
Es relevante tener en cuenta que la Región del Biobío enfrenta desafíos significativos en términos de vivienda, siendo la tercera región con el mayor déficit habitacional. Este dato subraya la urgencia de abordar el problema de la vivienda de manera integral, reconociendo que un hogar seguro y estable es crucial para el desarrollo adecuado de los niños y jóvenes.
Enmarcado en la Convención sobre los Derechos del Niño y su énfasis en el derecho de los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (Artículo 27), es imperativo recordar que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos fundamentales que deben ser protegidos en todas las circunstancias, independientemente de su situación de vivienda. Este derecho es uno de los pilares sobre los cuales se construye su bienestar.
La situación descrita en el desalojo de la toma en Juan Riquelme, Concepción, en donde niños preguntan cuándo volverán a sus hogares, revela el potencial impacto en la salud mental y emocional que, al enfrentarse a la pérdida repentina de su entorno y la incertidumbre sobre su futuro, pueden experimentar daño emocional, como ansiedad, depresión, problemas de conducta y dificultades de concentración. La atención psicológica y emocional es crucial para ayudarlos a procesar estas experiencias traumáticas y fortalecer su resiliencia.
Para abordar esta crisis emocional, es fundamental la comunicación abierta y honesta, explicarles de manera comprensible lo que está sucediendo y brindarles seguridad y consuelo en medio de la confusión. Además, es relevante proporcionarles espacios seguros donde puedan expresar sus emociones y preocupaciones libremente.
Es importante destacar la responsabilidad del Estado en garantizar el bienestar de la niñez y juventud en situaciones como esta. Se necesitan protocolos de actuación para procesos de desalojo que involucren a niños, asegurando que se protejan sus derechos y se minimice el impacto emocional.
En momentos como este, es cuando debemos recordar nuestra responsabilidad colectiva de proteger y defender los derechos de los niños y adolescentes. Ninguna de ellas y ellos debería preguntarse cuándo volverán a su hogar. Es nuestra obligación como sociedad trabajar juntos para asegurar que cada niño y niña tenga un hogar seguro donde pueda crecer y desarrollarse.
