El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, descartó la renuncia de la presidenta Dina Boluarte luego del allanamiento de su casa y la incursión en el Palacio de Gobierno por parte de fiscales y policías que la investigan por hechos de corrupción.

Adrianzén utilizó su cuenta en la red social “X” para informar que la mandataria permanece en la residencia del palacio presidencial, calificando de desproporcionada e inconstitucional la acción de los agentes de la justicia anticorrupción.

“Nadie tiene pensado renunciar por esta acción desproporcionada”, expresó en aparente alusión a pedidos de parlamentarios y analistas que consideran que lo sucedido debe dar lugar a la renuncia de la jefa de Estado o a su destitución por el parlamento, donde avanzan iniciativas de vacancia.

En ese sentido, reiteró que la jefa de Estado declarará ante los fiscales cuando se la convoque, aunque incumplió dos citatorios y no recibió a los fiscales en los últimos días, por lo que fue declarada rebelde por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Asimismo, consideró extraño que la Fiscalía le negara una segunda postergación, tras dar instrucciones Villena de que los fiscales a cargo del caso tomen con urgencia las medidas necesarias para realizar las diligencias frustradas por la presidenta.

El objetivo buscado con ello es interrogar a Boluarte y examinar al menos tres relojes de lujo marca Rolex por cuya posesión investigada por enriquecimiento ilícito y por no haberlos incluído en su obligatoria declaración de ingresos y bienes.

“Los ministros expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia”, dijo.

Llamó también a las fuerzas políticas y sociales a ”vigilar el orden constitucional” y aseguró que la presidenta y los ministros están decididos a seguir en funciones por la reactivación económica y la seguridad nacional como prioridades.

Insistió en calificar de “grave ruido político” el caso de los relojes, a los que ayer se agregó la revelación periodística de que Boluarte posee también joyas cuyo costo asciende a decenas de miles de dólares.

“Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales”, añadió.